La prórroga de las concesiones de YPF en Santa Cruz se ha firmado sorpresivamente.

La iniciativa ha sido de YPF y del gobierno nacional. Peralta ya había descartado este acuerdo, al menos por un tiempo. La negociación empezó hace dos años y se había empantanado con Repsol. Ocurre que el marco regulatorio provincial de las concesiones establece un canon de prórroga, a cargo de la concesionaria, que se acrecienta en caso de daño ambiental, de caída de las reservas o de la producción. Todo ello le cabe a Repsol. Cuando comenzó esta puja con la petrolera, se mencionaba un canon de 450 millones de dólares.

Ahora, la cifra llegaría a 180 millones y pagadero en cómodas cuotas. Por eso, el ministro de Economía, Ivovich, dijo que sólo se tuvo en cuenta el marco regulatorio, pero la operadora va a recibir "beneficios adicionales" con motivo de transferir las acciones a la provincia. O sea que estarían por aprobar sobre tablas y a libro cerrado un convenio que está por debajo de la propia ley vigente en Santa Cruz. El primero de los "beneficios" a que se refiere Ivovich es que la concesión es a 25 años y no a 10, como las que se firmaron con otras empresas.

De la remediación ambiental, estimada para esas áreas en 3500 millones de dólares, nadie ha dicho una palabra.

El 5% de acciones que recibirá Santa Cruz no son gratis, sino que la provincia deberá pagarlas.

Las urgencias de este convenio están de los dos lados: YPF no consigue socios que inviertan y ni siquiera financiamiento a precio razonable. Con la prórroga por 25 años de la explotación de un 25% del total de sus yacimientos productivos (que son los ubicados en Santa Cruz) espera mejorar las condiciones para obtener esa financiación. Peralta, por su parte, está al borde del knock-out por falta de fondos. A costa de un acuerdo ruinoso para la provincia, tendría un alivio en lo inmediato.

No está claro que el acuerdo cierre la crisis política. Peralta puede haber aceptado "condicionamientos adicionales" pero eso se va a ver en los próximos días. La "tregua" entre Cristina y Peralta puede durar muy poco. Si fuera duradera, el gobierno intentaría otra vez atacar los derechos jubilatorios.

Más que nunca, el PO plantea la expropiación de todas las áreas petroleras y mineras y su puesta en marcha bajo control obrero. Denunciamos el ajuste en marcha contra los salarios -cero aumentos en 2013-, la educación y la salud, que exigen una respuesta de conjunto de los trabajadores.