En una provocación manifiesta, el viernes 7 algunos miembros de las fuerzas de seguridad pidieron en una marcha que se libere a los policías responsables de la masacre del 2 de marzo en la Comisaría 1ª, cuando siete detenidos murieron atrozmente en un incendio y los agentes llegaron a impedir el ingreso de los bomberos.

 

La marcha policial exigió además que se cambie la carátula de la causa, que es “abandono de persona seguido de muerte”. La marcha vino a complementar las amenazas a familiares de las víctimas y al fiscal de la causa, y las razias en los barrios donde vivían los jóvenes asesinados. Seguramente, las provocaciones de la policía encuentran estímulo en la política represiva general que intenta imponer el gobierno, y en las permanentes amenazas de las autoridades a cualquier movimiento de lucha.

 

Los policías, en su marcha, no tuvieron problemas en cortar las calles del centro de Pergamino hasta llegar a la Fiscalía. En ese lugar, uno de los agentes cometió un fallido esclarecedor: pidió “por la pronta libertad de los ase…, ehh, de los ciudadanos que velan por la paz y la seguridad de los vecinos”. Esa marcha fue un intento evidente de proteger y salvaguardar a los criminales.

 

 

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 A la provocación policial, los organismos de lucha contra la impunidad le oponen la movilización popular permanente. Esa decisión ha logrado su primera victoria con el pedido de captura primero y el encarcelamiento luego de los agentes que se encontraban en el lugar la noche del crimen, aunque es muy sabido que la cadena de responsabilidades no se corta en ellos de modo alguno. Esto fue un crimen de Estado, con responsabilidades políticas mucho más arriba de esos agentes. Entre otras cosas, como ya ha señalado Prensa Obrera, estas masacres son inevitables en un sistema carcelario orientado a la tortura y la destrucción física y moral de los detenidos, uno de cuyos síntomas es el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de detención en las comisarías, lo cual violenta además un fallo de la Corte Suprema del año 2005.

 

El Partido Obrero y la UJS adhieren activamente a la convocatoria de los familiares y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Pergamino, para movilizarse masivamente el 2 de mayo cuando se cumplan dos meses de la masacre.

 

El PO exige la interpelación a la gobernadora, María Eugenia Vidal; al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; y al intendente local, Javier Martínez (UCR-Cambiemos). Control vecinal y de organismos de derechos humanos de las comisarías. Desmantelamiento del aparato represivo. Es, entendemos, el programa que permitirá avanzar por el camino de la victoria.