“Mamá, beni (sic) rápido que nos mata la policía”.

El mensaje de texto, urgente, dramático, fue enviado por uno de los presos masacrados en Pergamino momentos antes de que un incendio matara a siete de ellos en la comisaría 1ª de Pergamino el jueves 2.

La esposa de otro de los muertos declaró: “Me mandó mensajes de texto (por su marido) pidiéndome que lo vaya a ayudar por favor. Todos los chicos que tenían celulares adentro mandaron mensajes a sus familiares diciendo que se estaban por morir” (Clarín, 4/3).

Eran en total 18 los detenidos hacinados en esa comisaría. Los abogados públicos que los entrevistaron confidencialmente denunciaron que todos ellos están golpeados y, además, no quieren hablar por temor a represalias policiales. Por eso la Defensoría de Casación ha presentado un habeas corpus para proteger la vida de esos sobrevivientes. A pesar de los golpes, señalaron los letrados, ningún médico los revisó.

Por el momento, todo lo que se ha hecho fue separar de sus cargos a un oficial ayudante y a un sargento que estaban a cargo de la seccional la noche de la masacre, un intento grosero de cortar el hilo por lo más delgado y eludir la responsabilidad institucional de la policía y, más en general, del sistema penitenciario de la provincia (en el resto del país es igual o peor).

Aunque en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucional la detención prolongada de personas en comisarías, la cantidad de presos en esa situación aumentó un 60 por ciento en los últimos dos años: eran 2.235 en diciembre de 2015 y son 3.017 en marzo de este año. Las peleas entre detenidos, las torturas, la brutalidad policial y el hacinamiento animal que se sufren allí son cosas cotidianas. Y, en algunos casos, se tienen los crímenes directos cometidos por la policía, como ocurrió en 2009 con Luciano Arruga, asesinado por negarse a robar para la comisaría en Lomas del Mirador.

El problema es aún más extendido, y comprende a todo el sistema carcelario provincial. Actualmente hay en la provincia 38.000 detenidos, el número más alto de la historia. El hacinamiento carcelario empezó a estallar durante la gobernación de Daniel Scioli y el ministerio de Seguridad a cargo de Ricardo Casal. Entre enero y abril de 2016 —último informe disponible— la Defensoría de Casación registró 121 casos de torturas en las cárceles bonaerenses. En cincuenta de esos casos las víctimas fueron menores de edad, encerrados en esos campos de concentración junto con detenidos mayores aunque tal cosa está expresamente prohibida. Todo eso sin contar los casos en que los presos son obligados a salir a robar por el servicio penitenciario.

En definitiva, la situación en cárceles y comisarías resulta insostenible desde hace mucho tiempo, y la “emergencia penitenciaria” que declaró María Eugenia Vidal es un saludo a la bandera mientras las cosas no hacen más que empeorar. Cárceles y comisarías son, por otra parte, centros organizadores del delito, casas del terror donde se tortura y se asesina.

Ahora, en Pergamino, familiares de los presos masacrados denuncian razias en los barrios donde viven. La policía intenta aterrorizarlos para evitar por ese medio la propagación del escándalo. Resulta por eso mismo indispensable la organización asamblearia de los vecinos para meter mano en las comisarías, abrir los libros de guardia, terminar con el amparo policial al narcotráfico y al delito en general, y con el gatillo fácil y las torturas. Por ahí empieza un abordaje correcto del problema de la inseguridad ciudadana.