Más de 400 personas marcharon ayer, lunes 4, en Pergamino, para exigir justicia por los siete presos asesinados el 2 de marzo en la Comisaría 1ª de esta ciudad. Fue la cuarta Marcha del Silencio, convocada por los familiares de las víctimas. Esas movilizaciones han dado un impulso decisivo al esclarecimiento de la masacre. En esta ocasión, además, estuvieron presentes Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el sacerdote Pepe Di Paola, todos ellos de la Comisión Provincial por la Memoria, y una delegación de la Correpi.

 

Por su lado, el fiscal de la causa, Nelson Mastorchio, convencido de que los policías simplemente dejaron morir a los presos, ha solicitado la indagatoria y detención de los seis agentes involucrados, a quienes acusa de “abandono de persona seguido de muerte”. Por el momento los policías detenidos son cinco, porque el comisario Alberto Donza se dio a la fuga y permanece prófugo. Esas disposiciones del fiscal son a todas luces una gran victoria de la lucha tenaz de los familiares y amigos de los asesinados, acompañados por buena parte del pueblo de Pergamino. Así se han desarmado los intentos de hacer pasar esta masacre por el resultado de una pelea entre presos. Correctamente, los familiares denuncian que se trata de un crimen de Estado.

 

Por otro lado, como ha dicho Prensa Obrera en ediciones anteriores, este homicidio múltiple no se agota en la responsabilidad individual de los autores directos del crimen. Este caso deja a la vista la podredumbre de toda una institución y de todo un régimen político. Desde 1983 el aparato represivo ha asesinado a 5019 personas. Por eso la tarea de las organizaciones que luchan contra la impunidad del Estado es apuntar hacia arriba, denunciar las responsabilidades políticas por estos crímenes. Esa responsabilidad fue bien señalada por los familiares en su reunión con el fiscal.

 

En esa reunión, además, se denunció que ya son más de 80 los pedidos de fiscales para que las autoridades informen en qué condiciones se encuentran las comisarías de la provincia. Hasta la Corte Suprema de Justicia, en un dictamen de 2005, señaló el estado de derrumbe general del sistema penitenciario, puesto de manifiesto en el hacinamiento, el pésimo estado de la comida, la inexistencia de colchones ignífugos, etc. En los doce años transcurridos desde entonces las cosas no hicieron más que empeorar.

 

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La Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero intervienen decididamente en esta lucha, y denuncian los intentos encubridores y las maniobras distraccionistas de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del intendente, Javier Martínez (UCR-Cambiemos), que pretenden crear una “alcaldía” que no hará más que reforzar a la misma policía criminal y mafiosa, responsable de esta masacre y acusada de amenazar al fiscal y a los sobrevivientes, y de organizar una caza de brujas en los barrios donde viven los familiares y amigos de las víctimas.

 

Nuestra perspectiva, nuestra propuesta, es profundizar el plan de lucha y la movilización con un programa propio de los sectores populares, para evitar la trampa de que la resolución de estas cosas quede en manos de las mismas instituciones responsables de la impunidad y el encubrimiento. Así se logrará justicia.