Perú en huelga general

El Perú está en huelga general. Convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), por las centrales campesinas agrupadas en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía (Aidesep) y el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía. La medida paraliza Lima y las principales ciudades del país y es masiva en Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Lambayeque y Huancavelica.

En la capital, además de los sindicatos industriales, se plegaron los docentes y los gremios del transporte. Ahora, el objetivo de la huelga tiene una precisión política definida: el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por el Perú con los Estados Unidos.
Así, encuentra un nuevo pico una lucha nacional, el comienzo de cuya espiral ascendente puede situarse en las grandes huelgas de 2007 y 2008, que ahora produjo la enorme victoria campesina del mes pasado –al costo de una masacre– contra los intentos gubernamentales de entregar la Amazonía peruana a pulpos petroleros, gasíferos y madereros. Como señaló Prensa Obrera en una edición anterior, se ha abierto en el Perú una riquísima perspectiva política.
Como se sabe, la movilización de los indígenas amazónicos obligó al gobierno a anular dos decretos que ordenaban aquella entrega, dispuesta según los términos del TLC. Ahora el paro exige la anulación de todos los decretos –un centenar– dictados por el gobierno para adecuar la economía y la legislación del Perú de a ese tratado. Mientras tanto, el conflicto agrario no cesa:

“…prosigue una huelga general iniciada el 27 de junio en la provincia de Chumbivilcas. El paro está dirigido contra una ley del agua y la actividad minera depredatorias, y ayer registró un campesino muerto y un policía grave en un intento policial de desbloquear una carretera” (Prensa Latina, 2/7).

Y más aun: “…ahora los conflictos se han trasladado al sur andino, donde los gremios campesinos alistan huelgas. Algunas provincias están paralizadas, cada una con su propia agenda de reclamos” (DPA, 4/7).

Campesinos de Cusco anunciaron una marcha hacia la capital departamental, para que se derogue la ley de recursos hídricos y las concesiones mineras que favorecen a los pulpos. Los marchistas “amenazan con tomar las principales carreteras de la región y el aeropuerto de Cuzco, a 1.170 kilómetros al sureste de Lima” (ídem). También, desde antes del paro de la CGTP, están en huelga los campesinos de Andahuaylas, en Apurímac.

“Diversas localidades peruanas han estado minadas de protestas en las últimas semanas, donde nativos y campesinos han salido a las calles a manifestar para que sus necesidades sean escuchadas” (ídem). Ese grado de movilización ha obligado a la burocracia de la CGTP a consumar el paro que convocó un mes después de la masacre de Bagua, cometida el 5 de junio. El secretario general de la Confederación, Mario Huamán, ha reprochado al presidente, Alan García, su “falta de voluntad política” para lograr la “reconciliación nacional”. Esto es: la intransigencia de García habría hecho imposible el levantamiento de la huelga.

No es cierto. Desde lo sucedido en Bagua, García no hace más que retroceder en chancletas, aunque si anula el TLC su gobierno habrá perdido su razón de ser. Lo que ha impedido levantar la huelga es la creciente movilización campesina –extendida ampliamente a las ciudades– y no la “dureza” del presidente masacrador, quien, por otra parte, ha visto aumentar el nivel de desaprobación a su gobierno del 62 al 76 por ciento en sólo un mes.

Campesinos y clase obrera

Huamán “descartó que exista un fin desestabilizador dentro de la convocatoria a las movilizaciones, pues consideró que como parte de la democracia se encuentra el componente de ‘participación y fiscalización” (www.shalomplustm.com). La burocracia, como se ve, no se propone “desestabilizar” al carnicero de El Frontón y Lurigancho (1986) y de Bagua, sino “participar y fiscalizar” al gobierno criminal. No por nada las masacres de 1986 fueron aprobadas por el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida (IU).
El tan reaccionario Mario Vargas Llosa ha escrito (El País, 28/6) que con el retiro de los decretos (las “leyes de la selva”) por parte del gobierno, los campesinos “obtienen una victoria indiscutible”, un triunfo casi estratégico porque, añade, “todos sabemos que ni éste ni probablemente futuros gobiernos osarán en el Perú volver a intentar meter la mano en la Amazonía para alentar la inversión privada y el desarrollo económico de esa región”, cosa que el escritor derechista lamenta debido a que, según él, “los satanizados decretos estaban en el fondo bastante bien orientados”.

Empero, en un punto, “Varguitas” tiene razones importantes. El derecho de las comunidades indígenas a la Amazonía es, dice él, “una mera abstracción contradicha a diario por las invasiones múltiples de que esas tierras son víctimas por parte de los narcotraficantes, la deforestación salvaje que va convirtiendo sus tierras en desierto, la minería ilegal y la enloquecida contaminación de ríos y lagos que está aniquilando la fauna y la flora amazónicas”.

Vargas Llosa propone solucionar el problema mediante determinado ordenamiento de la destrucción, por medio del TLC con los norteamericanos y la penetración orgánica de los pulpos.

Ahora, sin embargo, la victoria que con tanta preocupación describe Vargas abre la posibilidad de otra solución, sobre todo y especialmente porque la movilización indo-campesina confluye con la lucha de las ciudades y con el proletariado de las minas. En es punto, la huelga de tres días que comenzó el miércoles 8 puede constituir un hito de primera importancia.

Contradictoriamente, parece consolidarse, al menos por el momento, la figura del ex militar Ollanta Humala, autoproclamado “chavista”, de modo que, es posible, la lucha del pueblo trabajador del Perú deberá atravesar otra experiencia nacionalista.

Alejandro Guerrero