Políticas

23/2/1993|383

Plan Cavallo, estafas y negociados

La millonaria estafa perpetrada en torno al llamado “reembolso a los exportadores” (devolución en pesos de impuestos que nunca fueron pagados sobre productos que nunca fueron fabricados y por su colocación en el exterior que nunca fue concretada) ha sido difundida como un “nuevo fraude contra el Estado”. En realidad, lo fraudulento es precisamente la caracterización de la maniobra, puesto que se trata de un fraude organizado desde y por el propio Estado.


Un robo multimillonario


Tales “reembolsos” fueron reimplantados en octubre pasado por el Ministerio de Economía, en respuesta a los reclamos devaluacionistas de las grandes empresas capitalistas, para elevar su retorno en pesos por cada dólar exportado (fingiendo por este procedimiento que el tipo de cambio “convertible” no se tocaba). Recordemos, además, que la “devaluación encubierta” de octubre fue seguida, a principios de noviembre, con la corrida cambiaria que Cavallo “frenó” asegurando al capital financiero la completa disponibilidad de las divisas del Banco Central, financiando las propias compras especulativas de dólares por parte de los bancos y permitiéndoles inclusive usarlos para cubrir sus obligaciones con el Banco Central sin convertirlos en pesos. Es lo que entonces se denominó la “dolarización” (ver nota).


Los “reembolsos” son una invitación lisa y llana al fraude, porque históricamente han servido para tal cometido. En la última década sólo por los tres casos más resonantes al respecto (Delconte, Koner-Salgado y Banco Alas), el “robo” suma la cifra de 600 millones de dólares. Pero además, se trata de maniobras prácticamente imposibles de detectar cuando se libera completamente el mercado cambiario, y se “privatizan” los puertos y la Aduana, medidas que estimulan directamente el contrabando, los negociados y el propio lavado de dinero del narcotráfico. En una medida mayor que en el pasado, los “reembolsos” decretados por Cavallo son una invitación a la estafa, por el simple hecho de que una de las medidas “revolucionarias” del ministro fue legalizar la fuga de divisas, anulando la exigencia de que los dólares correspondientes a las exportaciones ingresaran al país. En consecuencia los “empresarios” obtienen dinero del Estado con la simple presentación de un papel.


Fraude generalizado


Toda la política económica es en realidad una gran estafa, como se revela en las escandalosas “privatizaciones” , que sin excepción han sido concretadas por procedimientos irregulares conforme el propio ordenamiento legal vigente y violando los propios pliegos de venta redactados por los funcionarios del gobierno. Por eso el gran capital reclama impunidad para las fechorías bajo la curiosa denominación de “seguridad jurídica”, es decir, seguridad de que no sean revisadas por ninguna investigación judicial. Con el mismo argumento los “demócratas” post-‘83 “legalizaron” la fraudulenta deuda externa contraída durante el Proceso.


Ahora, el vaciamiento de Aerolíneas, los procesos judiciales pendientes por la venta de ENTel, la reciente venta de Gas del Estado con bonos entregados por el propio gobierno a los compradores, y el más reciente “escándalo de la luz” (por el cual los nuevos titulares de SEGBA quedaron autorizados a cobrarle a los usuarios lo que se habría “subfacturado” durante la administración estatal); todo esto —que es apenas un botón de muestra— es un testimonio de que el plan económico oficial es un monumento al negociado.


El problema que enfrenta ahora el menemismo es que, agotada la estafa derivada del remate de las “joyas de la abuela” y los superbeneficios obtenidos con el dólar “fijo”, los especuladores capitalistas buscan nuevas vetas de negocios y reclaman modificaciones en la política oficial. Esto explica por qué los mismos voceros de los “privatizadores” han salido a reclamar contra la ausencia de una “política industrial”, como es el caso de Pérez Companc (Manuel Herrera) o el Citibank (Richard Handley). No se trata de una súbita conversión “industrialista” sino de algo más ramplón: habiéndose apropiado del patrimonio público en forma leonina, quieren ahora nuevos subsidios cambiarios y fiscales para abrir una nueva fuente de superlucros.


Agotamiento


Como, además, ni las operaciones fraudulentas de la “privatización”, ni el retroceso del salario, ni las ganancias especulativas de la Bolsa han conseguido recomponer la tasa de rentabilidad industrial, la demanda general de los patrones es que se aumente a cualquier costa la tasa de explotación de los trabajadores, lo que es la base de todos los proyectos de “flexibilización laboral”, “jubilación privada” y “obras sociales” . El objetivo es disminuir el jornal obrero y las “cargas sociales”, es decir, liquidar conquistas salariales —directas o indirectas— de los trabajadores y abrir nuevas órbitas de especulación para la inversión capitalista.


La Bolsa ha entrado en su octavo mes de declinación, la actividad industrial se estanca y retrocede, la “convertibilidad” ya   agotó su posibilidad de ser un campo para grandes negocios; el plan Cavallo —dice el propio, Ambito Financiero “se encuentra en su etapa más difícil”. La propia “convertibilidad” es una ficción porque, conforme lo denunciara hace meses Prensa Obrera, el “Banco Nación le estaría vendiendo los mismos dólares que el BCRA le deposita en forma de reservas en su sucursal de Nueva York … computando como reservas varias veces el mismo dólar que ‘va y viene’ entre el Central y el Nación” (Ambito Financiero, 22/1). Las estafas y el macaneo al pueblo son, como se ve, la esencia misma del plan menemista.