En una sesión exprés del Concejo Deliberante el oficialismo aprobó en soledad el informe de avance del Plan de Metas 2020-2023, presentado por el intendente capitalino Martín Llaryora en 2020. El informe permite hacer un primer balance de estos dos años de gestión de Hacemos por Córdoba, y grafica de cuerpo entero la orientación social de un gobierno que diseña una ciudad a la medida de empresarios y especuladores, mientras crece la pobreza y la desocupación.

Hace una semana el intendente dio un discurso en el Concejo reafirmando una serie de avances en materia de digitalización y modernización. Con un speach de tinte electoral indicó que los avances en esta materia hacen de Córdoba una ciudad “inteligente” e “inclusiva”, mediante el Plan de Metas.

Lo que omitió enteramente de su discurso es que durante la pandemia el 40% de los estudiantes se quedaron fuera del sistema educativo por no tener acceso a dispositivos digitales o wifi. Tampoco hizo referencia alguna al hecho de que en plena crisis sanitaria los vecinos de Alberdi y Villa Páez fueron víctimas de una de las mayores crisis ambientales en la ciudad en la última década producto de los desbordes cloacales. Mucho menos mencionó que en la “moderna ciudad de Córdoba” al menos 130 barrios populares enfrentan el covid sin agua potable ¿Entonces en que consiste esto de la modernización?

Efectivamente, en estos dos años la gestión de Llaryora se abocó a un desarrollar un proceso de “modernización”, pero muy alejado de las necesidades de las mayorías populares. Con las habilitaciones on line, el gobierno flexibilizó todos los procedimientos para facilitar el negocio de las desarrollistas que se apoderan del suelo urbano en la ciudad. De este modo, las constructoras ahora no necesitaran si quiera esperar el permiso municipal para el inicio de obra, mucho menos un estudio de impacto ambiental, simplemente notifican y avanzan por fuera de todo control. En la misma línea se inscribe la digitalización del proceso de habilitaciones para la instalación de los nuevos parques industriales.

Las consecuencias ya están a la vista. Fue justamente este desarrollo anárquico de la ciudad el que agravó  la crisis habitacional que alcanza a más de 120.00 familias; el que lleva al colapso de los servicios públicos, y profundiza la crisis ambiental en la ciudad consolidando zonas de sacrificio. Basta con mencionar el colapso de las redes cloacales en Alberdi y Villa Páez producto de la especulación inmobiliaria y la falta de mantenimiento de las redes cloacales; la crisis sanitaria y ambiental que viven los vecinos de barrio Inaudi a raíz de la contaminación que genera la planta de bioetanol (Porta Hnos.) radicada en plena zona residencial; o la responsable del calvario que viven los vecinos de Estación Ferreyra por los constantes desechos industriales que derraman La Lacteo, Frucor o Refinería el Centro.

Estos problemas, sumados a la crisis en el sistema de transporte, la ausencia de dispositivos para la atención de las primeras infancias y a personas con discapacidad en los barrios, la inexistencia de obras de infraestructura para dispensarios, hospitales y escuelas; como así también el postergado reclamo de la ampliación de la Reserva Gral. San Martín, fueron expuestos de manera acabada por una decena de vecinos que expusieron en la audiencia pública para tratar el avance del plan de metas, donde reclamaron participación real y respuestas concretas. Las intervenciones fueron lapidarias, y mostraron una Córdoba muy lejana a la que pinta el Ejecutivo municipal en sus spots publicitarios. Si se tratara de una audiencia vinculante, sin duda en lugar de aprobar el informe, el Concejo Deliberante debería haber citado nuevamente al intendente para rediseñar íntegramente su Plan de Metas.

Nuestro planteo

Desde la banca del FIT rechazamos categóricamente el informe, no sólo por lo que dice, sino por lo que omite. El Plan de Metas refleja una orientación social para la ciudad, y esa orientación está muy alejada de las necesidades del vecino de zona sur, de las familias sin vivienda, de la mitad de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza, del 12% de personas desocupadas, de los cientos que están en situación de calle, o de los niños que no tienen ni siquiera un plato de comida al día.

No existe en todo el informe un solo punto que en relación al desarrollo de viviendas populares y la obra pública para urbanizar los barrios precarios, ni un plan de construcción de escuelas; no hay planes de obras concretos para los hospitales, mucho menos un planteo para terminar con el vaciamiento de los más de 100 dispensarios barriales absolutamente colapsados. Como combatir el hambre y reforzar la asistencia alimentaria, está absolutamente fuera de la agenda de gobierno de Llaryora. Tampoco como generar puestos de trabajo genuino para terminar con la miseria y la desocupación.

Vale aclarar que la oposición abolutamente oportunista y testimonial de la oposición de la UCR y el PRO en la sesión última, responde pura y exclusivamente a una maniobra mediática, en la medida que han acompañado con su voto cada una de las ordenanzas y convenios que avanzan paso a paso en una ciudad para los especuladores y empresarios.

Nuestro planteo se opone por el vértice. Rechazamos el Plan de Metas, porque defendemos la creación de empleo genuino y el fin de la precarización, el desarrollo de la obra pública para la construcción de viviendas populares, la asistencia alimentaria y social en plena crisis, el reforzamiento real del sistema sanitario y educativo, la defensa del ambiente, y poner fin a los negociados del transporte avanzando en la estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios.

Nuestra banca está empeñada en defender esta orientación con decenas de proyectos, audiencias e iniciativas parlamentarias; acompañando cada lucha popular en las calles; y reforzando un frente único de acción con las organizaciones sociales, ambientales y barriales que levanten estos reclamos.