Carola Pessino (una de las funcionarias más reaccionarias del elenco menemista) es ahora la “administradora de los Planes Sociales” del gobierno de la Alianza (Clarín, 29/7). Que ocupe ese lugar define por sí mismo al gobierno centroizquierdista. Pessino fue puesta en esa tarea para reducir los planes sociales y para detectar que ningún desocupado o indigente esté recibiendo más de una ayuda social. Para esa tarea dilapida generosos fondos que provienen de préstamos (deuda) del Banco Mundial.

Pessino está en esa tarea hace dos años por expresas directivas de su jefe, Roque Fernández. Con el cambio de gobierno, Pessino pasó a trabajar a las órdenes de Terragno, en un caso de continuismo sin precedentes.

Cuando la Pessino concluyó su tarea, Terragno anunció a los cuatro vientos “el programa de consolidación de los planes sociales, cuya implementación atenderá las necesidades de dos millones de personas a cargo del Estado” (El Cronista, 26/7). Según el “progresista” Terragno, el Estado gasta 3.600 millones por año en programas sociales.

¿En qué consiste esta consolidación de los “planes sociales”? Pessino armó una red de espionaje, cruzando datos de los beneficiarios, lo cual le habría permitido, como informó el diario La Nación, detectar “la existencia de personas que cobraban una jubilación y una pensión graciable, o de beneficiarios de programas asistenciales que no llenaban los requisitos exigidos para percibir tales prestaciones” (27/7). Rápida, en un editorial, La Nación extrajo la conclusión de que “el problema de los programas sociales en la Argentina quizá no pase tanto por el hecho de que se gaste poco, sino de que se gasta mal”.

La jubilación media en la Argentina es de 300 pesos, pero la mayoría gana menos de 200 pesos por mes y las pensiones graciables son de 100 pesos mensuales. Que algunas personas estén cobrando esas dos cosas no es más que el resultado de la miseria jubilatoria. No es una irregularidad del jubilado sino una manifiesta irregularidad del Estado capitalista.

Para su red de espionaje, la Pessino gasta fortunas, lo que para Terragno no es ninguna irregularidad. Además, el ahorrativo Terragno anunció que “se dispuso de partidas de entre 500.000 y un millón de pesos, provenientes del Banco Mundial, destinados a realizar un proyecto definitivo para reasignar las partidas a cada uno de los programas y reducir la burocracia” (El Cronista, 26/7).

Mientras, se otorgan generosamente todo tipo de subsidios a los capitalistas, se pagan 12.000 millones de dólares en intereses de la deuda, y los bancos cobran generosas comisiones por colocar la deuda pública. Todo el plan social de la Alianza se reduce a pesquizar para que en ninguna familia de desocupados el marido y la mujer o un hijo estén cobrando, simultáneamente, un plan Trabajar o Servicios Comunitarios de 160 pesos por mes. La tarea “social” de la Pessino, como señala La Nación, es “cruzar los datos de organismos como el Pami, la Afip y el Registro Nacional de las Personas” (26/7).

La Alianza sigue en esto las directivas del Banco Mundial, que a cambio de “financiar los proyectos sociales del gobierno”, cobra suculentos intereses y comisiones.

¿Pero gasta el gobierno 3.600 millones de pesos por año en programas sociales que atienden a dos millones de personas?

Bajo el nombre de “Programas Sociales” el gobierno incluye cualquier cosa. Figura la reforma de la salud y la reconversión de las obras sociales, que apuntan a la privatización de la salud; programas de apoyo a los capitalistas, como los agropecuarios; o el financiamiento a municipios.

Incluye además el seguro de desempleo, que no es parte de ningún plan social porque es un beneficio directo del trabajador despedido, financiado con aportes patronales. También está el presupuesto del Fonavi Ð900 millonesÐ que construye vivienda precarias que los trabajadores deben abonar en cuotas, lo que tampoco forma parte de ningún plan social.

Ante este vergonzoso ataque a los trabajadores, a los jubilados, a los pobres e indigentes, para terminar con la miseria y con la miseria de los “planes sociales”, el PO plantea:

• Contra la desocupación, reparto de las horas de trabajo.
• Salario mínimo de 600 pesos.
• Subsidio para todos los desocupados de 500 pesos.
• Jubilación mínima de 500 pesos.