El gobierno ha lanzado un ataque a fondo contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El nuevo titular del INTA, Héctor  Larreche, que “se desempeñó  como subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Buenos Aires y, en los últimos cinco meses, ejerció la vicepresidencia del INTA” (Clarín Rural, 23/11), dijo que se “debe dejar de investigar lo que quiere el técnico. (El INTA) debe basarse en un 50% en la política de la Secrataría y Agricultura y el otro 50% en lo que demande el sector privado” (ídem). El ministro Solá, otro ‘hombre’ de Duhalde, declaró que el INTA debe dejar “de administrar  programas de beneficencia” (Ambito del campo, 20/11).  En 1991, el personal del INTA fue reducido en 1.500 agentes; su presupuesto bajo en un 30%.

Ahora, el gobierno se propone  “reflotar la idea, que ya tiene unos años, de INTA S.A.”, esto es, “una entidad mixta privada —que existe legalmente—, con personería jurídica, que nunca integró su capital accionario” (Clarín Rural, 23/11). El INTA, según Larreche, tiene que “dar respuesta a las empresas de avanzada” (ídem), es decir, a los grandes pulpos de la agroindustria. Para este fin se busca “cumplir bien con los deberes, (que) puedan abrir la puerta de los 200 millones  (de dólares) del BID” (ídem),  un préstamo que está ‘atado’ a condiciones leoninas que repercutirán ampliamente en todo el campo argentino.

El gobierno formó hace tiempo un ‘consejo de notables’, cuyos integrantes, según El Economista, proponen “supresiones varias y hasta la venta de importantes activos (se estuvo mencionando las 700 hectáreas del centro de investigaciones de Castelar, provincia de Buenos Aires), al que tanto ‘debe’ el sector agropecuario” (22/11). Solá ha dicho que va “a proponer … un decreto parecido al que tienen las Fuerzas Armadas, para que una buena parte de la venta de los activos del INTA vaya para formar un fondo tecnológico” (Ambito del campo, 20/11).

Hay que impedir el desmantelamiento del INTA mediante un vasto movimiento de resistencia. No al subsidio a las ‘empresas de avanzada’; que los pulpos agroindustriales abran sus libros para que el pueblo pueda medir la confiscación que realizan en detrimento de los trabajadores.