El 5 de noviembre, a escasos días del fin de su mandato, concejales del MPN, el PJ-FpV y la UCR votaron una serie de ordenanzas contra el pueblo de Plottier. Una de ellas incrementa las tasas municipales de un 40 a un 1.000 por ciento, y la Ordenanza Nº 3.706/15 concede poderes extraordinarios al intendente por todo su mandato.

 

Como el intendente ganó la elección por escaso margen (apenas 63 votos), pretendió blindarse de un nuevo Concejo Deliberante que, aunque conformado por los mismos partidos que le votaron las ordenanzas del ajuste, se integra con bloques ante los cuales queda en marcada minoría y con los cuales tiene una disputa de camarillas, ligada a la división existente al interior del gobierno provincial entre el gobernador y su vice.

 

La reacción popular, en el medio de las huelgas de municipales en reclamo del pago de los salarios adeudados de octubre y de noviembre, dio lugar a varias movilizaciones multitudinaria

 

La reacción popular, en el medio de las huelgas de municipales en reclamo del pago de los salarios adeudados de octubre y de noviembre, dio lugar a varias movilizaciones multitudinarias contra el ajustazo, de las cuales el PO participó e impulsó.

 

Las movilizaciones decrecieron con el receso del verano y desde el sindicato municipal (SEMP) se lanzó una campaña para ejercer el derecho de revocatoria que establece la Carta Orgánica. Este derecho pone requisitos leoninos, ya que se debe recolectar primero las firmas del 20% del padrón electoral para habilitar el registro de firmas certificadas en el Concejo, y otra vez juntar un 20% del padrón electoral (casi el doble de los votos obtenidos por el partido del intendente), en escasos 30 días hábiles durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. El plazo comenzó a correr el 18 de diciembre.

 

Nuestro partido se sumó plenamente a la campaña, con un acto en la plaza, una afichada y agitación con mesas y volanteadas en lugares públicos (Banco Provincia, colas de la cooperativa de luz, en la feria municipal, etc.) y lugares de trabajo, entre ellos el propio municipio y en una campaña casa por casa en varios barrios.

 

Cuando faltan aún unos días hábiles para el fin del plazo, todo indica que se llegará al cupo exigido. El Concejo Deliberante tendrá la obligación de tratar la ordenanza cuestionada, lo que ocurriría el 18 de febrero.

 

Para ese entonces habrá que retomar la movilización popular, ya que los bloques del actual Concejo del MPN y el FpV que se manifiestan por la derogación, no han roto públicamente con sus pares que votaron la ordenanza cuestionada antes de irse.

 

La derogación, si la movilización popular logra imponerla, abrirá una crisis política mayúscula, puesto que el intendente perderá las herramientas para proceder al ajustazo de fondo, a través del endeudamiento, la venta de bienes, la privatización de la ribera del río, unnuevo aumento de las tasas, el despido de contratados, la privatización de servicios públicos, etc. El intendente ya ha adelantado que, si se concreta, vetará la derogación de la Ordenanza.

 

De todas las crisis municipales en la provincia, la de Plottier es la que más lejos ha ido. Y nuestro planteo ha sido el de intervenir en el proceso que lleve a un desenlace de la crisis, con una militancia sin pausa durante todo el verano.