05/12/2019

Pobreza del 41%, una catástrofe social que recae sobre los hogares obreros y populares

Alrededor de 4 millones de personas no puede adquirir siquiera la canasta alimentaria

El 40,8% de la población urbana de todo el país es pobre y casi el 60% de los niños menores de 17 años vive en hogares pobres. En el conurbano bonaerense, el corazón obrero más importante del país, más de la mitad de la población (51,1%) está bajo la línea de pobreza.


Estos datos, que surgen del relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) para el tercer trimestre de este año, muestra la catástrofe social en la que ha hundido a los hogares de los sectores obreros y populares de la Argentina la política del macrismo.


El informe cuantifica estos porcentajes: son 18 millones de pobres, de los cuales, además, alrededor de 4 millones son indigentes, es decir que sus ingresos no les alcanzan como para poder adquirir la canasta básica de alimentos.


Tanto porcentualmente como en cantidad de afectados, las cifras son las más altas de los últimos 10 años, cuando se iniciaron los relevamientos de la UCA. En comparación con cuatro años atrás, según indica el informe, hay 4,5 millones más de personas pobres. Y “se estima que en este cuarto trimestre (que termina en unos días), la pobreza habría seguido en aumento” (Clarín 5/12).


Ese 60% de chicos que viven en hogares pobres equivale a un total de 7 millones de niños y adolescentes que viven en hogares con carencias básicas y refleja una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana, dice el trabajo de la UCA y añade que, a su vez, más de 1,5 millones de niños/as y adolescentes viven en hogares indigentes.


Un dato que muestra la gravedad del cuadro y su persistencia en el tiempo, es que al final del gobierno de CFK, en el 2015, la cantidad de chicos que vivían en hogares pobres alcanzaba al 46,1% del total, es decir que casi la mitad de los menores de 17 años vivía en ese cuadro luego de doce años de gobierno kirchnerista. Y no solo afectaba a los chicos, sino que la pobreza alcanzaba entonces al 30% del total de la población.


Un aspecto interesante que el trabajo destaca es que si bien más de 3 de cada 10 hogares en 2019 están incluidos en algún tipo de programa social, y que estos se incrementaron respecto del año pasado, igualmente crecieron la indigencia y la pobreza, porque esos planes “no resuelven los problemas estructurales". 


Esto tiene especial relevancia frente al plan de choque “contra el hambre” que ha publicitado –sin dar mayores detalles- Alberto Fernández y cuya primera medida consistiría en la distribución a 1,6 millones de madres de niños de 6 años de una tarjeta alimentaria cuyo monto ni siquiera se conoce aunque ha trascendido que alcanzaría a $130 diarios, cifra que apenas alcanza para la compra de un kilo de pan.


Este plan, que ha quedado en manos del futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se parece como dos gotas de agua a los que fueran parte central de los gobiernos K y que prosiguió implementando durante cuatro años, con pocos cambios, el gobierno macrista.


Como señala el informe de la UCA, estos planes no evitarán que la indigencia y la miseria sigan creciendo y haciendo estragos en las familias obreras.


Pero sí son una muestra de que, atado al carro del FMI y al pago de la descomunal deuda externa, no hay previsión posible de que haya una recuperación económica a corto y mediano plazo, ni creación de trabajo genuino, ni reducción de la desocupación.


Y el próximo gobierno no se orienta a reducir la pobreza incrementando los salarios, para que el mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Porque la contracara del asistencialismo es el pacto social acordado con la burocracia y el conjunto de la burguesía para liquidar paritarias y conquistas históricas de los convenios.


En oposición al planteo de Fernández de “quedarse en casa”, la calle será el camino para enfrentar los planes de hambre.

En esta nota

También te puede interesar:

Como en el resto del país, el desempleo y la pobreza crecen, según el Indec
Reclaman ante el recorte en programas alimentarios, demoras en los pagos de programas y contra los desalojos de las ocupaciones.
Entre la "anticuarentena" y los aprietes a la Justicia.
La llegada del coronavirus a las comunidades amenaza con hacer estragos.