Se dieron las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec nacional sobre pobreza e indigencia y, en San Juan, no fueron buenas noticias: el índice de pobreza aumentó al 36,2% y el de indigencia al 6,3%, contrastando con los índices nacionales que bajaron levemente.

Estos números no reflejan la realidad de la totalidad de la provincia, solo la de los Departamentos agrupados en el gran San Juan en el que, de un total 540.422 personas que lo habitan, 195.836 son pobres y 33.923 son indigentes, totalizando entre personas pobres e indigentes, solamente en el Gran San Juan, 229.758 personas, cifra que se multiplica en el resto de los departamentos de la provincia.

Estos se suman a los datos del Indec de 2018 que apuntan que San Juan posee la tasa de demanda de empleo más alta de Cuyo (25,2%) y la tasa más alta de subocupación, sin mencionar que al 40,7% de asalariados no se les realiza descuento jubilatorio (EPH, 2018). Las estadísticas desnudan la realidad de la provincia.

La respuesta del gobierno es más de lo mismo, un modelo de desarrollo económico que apunta a la exportación de la minería metalífera, actividades de servicio, comercio y financieras especulativas, mientras descuida la producción agroindustrial, librando a su suerte a los pequeños productores.

El desarrollo productivo en los departamentos alejados es pobre. El trabajo en estos se sustenta principalmente en el empleo estatal, sumamente precarizado y con salarios en que las categorías más altas y con mayor antigüedad escasamente alcanzan el valor de la Canasta Básica Total, haciendo equilibrio con la inflación para no caer por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo sucede con el empleo en el Gran San Juan, donde el trabajo privado representa aproximadamente la mitad de la población asalariada, pero de ese total el 40% son empleos informales o no registrados, abundando los monotributistas y cuentapropistas.

En el Estado el gobierno hace abuso de los contratos en negro, que son renovados mensual o trimestralmente según sean de provincia o Nación, cooperativas tercerizadas que no funcionan como tal, sino que se trata de trabajadores estatales a las órdenes del funcionario de turno, becas y demás tipo de contratación de servicios sin aportes patronales ni obra social.

Los trabajadores de la salud continúan con sus reclamos por paritarias que superen la inflación, una ley de carrera y el 82% para las jubilaciones. Es que al jubilarse el sueldo cae al 47% del que percibe del trabajador estatal activo, por lo que nadie puede jubilarse, aun queriéndolo, sin pasar a ser indigente. Los docentes reclaman por mejoras en las condiciones laborales y salarios dignos, las barriadas se movilizan en sus organizaciones de base como el Polo Obrero reclamando vivienda, agua y trabajos dignos.

Mientras las viviendas precarias de Pocito se derrumban por el terremoto de enero del 2021 y las escuelas quedan inhabilitadas, el gobierno no destina con suficiente premura recursos para solucionar el problema de viviendas e infraestructura escolar.

Los locales comerciales medianos y pequeños del radio céntrico han cerrado, trasladándose los que tienen mayor suerte a la zona residencial donde los alquileres son más baratos. Se suma que en los últimos meses cerraron los locales comerciales de las firmas Garbarino y Falabella, dejando sus empleados a la calle, y se avizora el cierre de Cambio Santiago. Ante esta situación, el Sindicato de Empleados de Comercio se suma al silencio de los sindicatos estatales de UPCN y Ate.

El año avanza y en este mes, el Departamento de Hidráulica dará a conocer el derrame que se espera este año para los principales ríos de la provincia, San Juan y Jáchal, previéndose la mitad del agua del año pasado, pero no hay mantenimiento de canales ni aplicación de tecnología para hacer una eficiente distribución del agua. El gobierno no lo cree necesario, porque el agua se la destina a los mega proyectos mineros, que consumen millones de litros de agua por día. Esa es la respuesta uñaquista al panorama desolador de la provincia.

Los partidos políticos de las patronales, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tienen un solo proyecto: flexibilización laboral, ajuste, desocupación, entrega de nuestros glaciares y recursos naturales.

El cambio en el gabinete nacional y las políticas anunciadas después de las Paso profundizan el ajuste, asumen los antiderechos y se prepara la represión de los reclamos populares. Como se ve, el panorama en la provincia no es distinto del de la Nación, ni alentador y ni el gobierno uñaquista ni Juntos por el Cambio, ni Consenso Ischigualasto, plantean un cambio de rumbo. No hay soluciones para los trabajadores, solo subsidios para las patronales y bonos y planes para los trabajadores más vulnerables, hasta llegar a las elecciones de noviembre.

Es el Frente de Izquierda Unidad el único que representa a la clase trabajadora y lleva en su programa soluciones de fondo. Nos organizamos en las asambleas ambientalistas, en el Polo Obrero, con los compañeros que luchan por recuperar sus sindicatos, con los compañeros autoconvocados, nos solidarizamos con la lucha de trabajadores de la salud, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano, los empleados de comercio y los docentes. La única salida es decirle no al ajuste del FMI que es impulsado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los sindicatos burocratizados.

Acompañanos en la lucha, organización y el voto en noviembre al Partido Obrero en el FIT-Unidad. Por un gobierno obrero y socialista.