El gobernador Daniel Scioli organiza con su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, el enésimo fracaso en algo más de diez años respecto de la policía provincial. Nuevamente se anuncian algunos retoques, y otra vez dicen que se trata de una “reforma”.

Esta vez, ni siquiera intentan ser novedosos: designaron cuatro jefes de seguridad con jurisdicción en otras tantas zonas, que serán responsables de las comisarías de su distrito. Hace una década, León Arslanián hizo lo mismo: dividió al conurbano en cuatro departamentos con otros tantos comisarios al frente. Apenas seis meses después, de esos cuatro habían sido destituidos tres, dos por corruptos y un tercero por encubrir un caso de gatillo fácil.

Stornelli dijo que la medida apunta a que la policía pueda “estar más cerca de los problemas y actuar con mayor rapidez” (Clarín, 4/11). Pero cuando de delitos e inseguridad se trata, el problema no es la lejanía de la policía sino su proximidad. Casi no hay rubro delictivo en el que no esté involucrada esa fuerza y, con ella, los punteros políticos y los intendentes que lucran en abundancia con las cajas negras policiales.

Eso ya no es un secreto para nadie y hasta la prensa describe el fenómeno como si se tratara de la cosa más normal del mundo: “La clave es la relación corrupta que mantiene la Bonaerense con el poder político… La clase política se asegura una ‘caja’ que llega a través de la recaudación de la policía, que utiliza para crear más poder… A su vez, le asegura inmunidad a la policía y alimenta un sistema de recaudación vicioso y corrupto… el resultado es una policía enviciada, que no controla a los delincuentes y está relacionada íntimamente con el delito para cumplir sus negociados. Esto genera inseguridad, la misma que impacta luego sobre la imagen que los políticos intentan construir a fuerza de sobornos y clientelismo” (urgente24.com).

Mientras tanto, ya nadie sabe qué funciones cumple la Bonaerense 2, salvo por el hecho de que en poco tiempo ha acumulado buena cantidad de denuncias por corrupción y gatillo fácil. El gobierno provincial parece haber tomado la decisión de suprimir ese cuerpo, creado en su momento con bombos y platillos, y fusionarlo con la Bonaerense 1.
En definitiva, la necesidad de disolver la Policía Bonaerense empieza a transformarse en materia de debate público, y los intendentes de algún modo la admiten cuando piden a gritos la concurrencia de Gendarmería o Prefectura Naval para patrullar la provincia, o cuando pretenden, como Mauricio Macri en la Capital, tener policía propia.

Quiénes son

La nueva “reforma” parece responder de apuro a la movilización raquítica – aunque con enorme difusión en los medios- organizada en San Isidro por el intendente Gustavo Posse, el rabino Sergio Bergman y el reaparecido Juan Carlos Blumberg. Sin embargo, al revisar los nombres de los jefes designados se advierte que hay algo más.

El comisario Salvador Baratta, nuevo responsable de la departamental Norte, con jurisdicción sobre una amplia zona del conurbano, fue hasta ahora encargado de la desastrosa línea 911, cuyo funcionamiento pésimo ha sido denunciado en cada acción vecinal por el problema de la inseguridad. Pero además, Baratta es un representante casi arquetípico de la vieja “maldita policía”, como que fue jefe de operaciones del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez.

Como se sabe, Rodríguez debió irse de la policía en 1996, acorralado por sospechas abrumadoras sobre su papel en la llamada “masacre de Andreani”, cuando un grupo de asaltantes fue emboscado por la policía de “Chorizo” y murieron nueve personas, entre ellas un rehén de los ladrones y un suboficial de la Bonaerense. Una investigación convenientemente interrumpida parecía a punto de develar la intervencón policial en ese hecho, y un suboficial, en sede judicial, denunció a Rodríguez en nombre y apellido.

En esas manos estará la seguridad de la población en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Y no es casualidad: apenas asumió, Stornelli procuró respaldarse en los restos de la “maldita policía”.

Se les agotan las variantes para “reformar” a la Bonaerense. En su momento, Eduardo Duhalde llegó al extremo de designar ministro de Seguridad al carapintada Aldo Rico, quien, según su costumbre, quiso hacerse el guapo y en su primera reunión con comisarios del conurbano les advirtió que haría “rodar cabezas”. Del fondo del salón, se escuchó muy clarito que alguien dijo: “Va a rodar la tuya, pelotudo”. En efecto, Rico no pudo sostenerse ahí más de tres semanas.

Esa policía no sólo es inútil para combatir el delito; además, lo promueve y lo organiza. Su disolución es cuestión de salud pública, de defensa elemental de la vida de la población. El Partido Obrero, con el respaldo de la movilización y de las asambleas vecinales, sostiene la necesidad de disolver esa fuerza y reconstruirla sobre nuevas bases sociales, políticas y económicas, con riguroso control popular.