Políticas

28/9/2017

Policía de La Plata, agente activo de la inseguridad

Múltiples denuncias de corrupción.

Partido Obrero - Tolosa


En los últimos días, una grave denuncia volvió a poner bajo la lupa a la policía bonaerense de la Ciudad de La Plata. Se trata del robo de un arsenal, perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), ubicado en el barrio de Melchor Romero.


 


El por entonces titular del GAD de La Plata, el subcomisario Walter Maldonado, fue relevado de su cargo, no sólo por estar sospechado de este hecho sino porque está siendo investigado por la sustracción de combustible que se hallaba destinado a patrulleros y a otros móviles policiales. La denuncia de las maniobras fue realizada por alguien “con conocimiento de causa, alguien desde bien adentro”, según dijo un informante.


 


Asimismo, el fiscal de La Plata, Marcelo Martini, imputó a 8 policías de la Seccional Primera, investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación al ente público y particulares y falsificación de firmas, por presuntas maniobras financieras vinculadas con el servicio de Policía Adicional (Poland).


 


Según los datos oficiales, la comisaría Primera maneja cerca de 100 millones de pesos mensuales para el pago a los efectivos que custodian organismos públicos.


 


Mientras salen a la luz estas denuncias, estadísticas oficiales y muestreos privados, destacan que en la ciudad roban unos 120 autos por mes, para ser clonados, camuflados y reinsertados en la rueda comercial, con patentes apócrifas o el block limado y también para el desguace y la posterior obtención de distintas piezas o repuestos que se ingresan al circuito comercial.


 


Todos estos hechos de inseguridad, hacia adentro y hacia afuera de la policía, están íntimamente vinculados con la creciente descomposición del aparato del Estado, con el entrelazamiento de las fuerzas de seguridad, la Justicia y los partidos políticos del régimen, con el crimen organizado. La descomposición también se manifiesta en la guerra de “servicios”, con los correspondientes carpetazos entre las fuerzas represivas, que ponen luz sobre varios de estos casos.


 


En este cuadro, muchos vecinos de la ciudad se están organizando, están promoviendo petitorios y denunciando las zonas liberadas en diferentes barrios, porque se está comprendiendo que no puede separarse la cuestión de la inseguridad de la impunidad del aparato del Estado y de su sistema judicial.


 


Estas estadísticas, y la denuncia de hechos de corrupción adentro del propio aparato represivo, muestran el fracaso de la política de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del mismo ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para poner a la policía bajo su control –más bien han marchado a un acuerdo– y en nada ha mejorado la situación de seguridad en la región.


 


Sobre la policía local también pesan varias denuncias de corrupción, de cobro de un canon a comerciantes a cambio de “vigilancia”. Estas policía creada por Daniel Scioli y mantenidas por Vidal, actúan como un refuerzo de los punteros en los barrios, que responden al intendente Julio Garro. Así convierten a los barrios de la ciudad en centros descentralizados de organización del delito.


 


El supuesto reforzamiento de la seguridad ciudadana, con él envió de la Gendarmería y la Policía Federal a la ciudad de La Plata a inicios del mandato de Vidal, responde a la necesidad de tapar la descomposición de la Bonaerense, con otros aparatos represivos también en estado de descomposición, responsables, en el primer caso,de la desaparición de Santiago Maldonado.


 


No es la seguridad de los vecinos lo que les preocupa. Lo que les preocupa es asegurar a palos la “gobernabilidad”, y hacer pasar el ajuste para que la crisis la paguen los trabajadores.


 


Desde el Partido Obrero, proponemos desarrollar a fondo un programa que apunte contra el descompuesto aparato de seguridad del Estado y las mafias que lo manejan.


 


Hay que plantear la remoción de los integrantes del Poder Judicial y su reemplazo por jueces y fiscales electos y revocables por la población; el control de la población sobre las propias comisarías, con la apertura de los libros de entrada y salida de las mismas, y medidas básicas de seguridad ciudadana como es la instalación de luminarias en todas las casas.