Aunque Macri salió de su reunión con Kirchner anunciando “grandes avances” en la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, los voceros del gobierno se encargaron de desmentirlo enseguida.

“La ley Cafiero nunca será derogada”, declaró Aníbal Fernández. “Lo que se va a hacer es adecuarla puntualmente, para que la Ciudad tenga su fuerza policial”. El kirchnerismo aceptará, a lo sumo, una policía de diseño local en el distrito. Según los proyectos que presentó en el Congreso, reservará a la policía “porteña” “las facultades de seguridad en materias no federales”. El macrismo reclama para la policía “autónoma” todas las funciones vinculadas con los delitos de carácter penal y, en consecuencia, pide también el traspaso de parte del aparato de justicia que entiende en esas causas. En ese caso, el grueso de las actuales fuerzas federales —por caso, las 53 comisarías- pasaría a manos de la Ciudad, reservando al gobierno federal una fuerza para “delitos complejos”.

La propia burguesía recela de que en el corazón de los monopolios bancarios e industriales la principal fuerza de represión esté en manos de un gobierno municipal. El propio autor de la ley Cafiero señaló que no se ha tenido en cuenta que “en pocas manzanas de la ciudad, se concentra el manejo de la inmensa mayoría de las relaciones financieras y comerciales de todo el país” (Clarín, 2/7).

El gobierno ha sacado a relucir que el gobierno porteño tendría que financiar las “funciones y organismos” de la Federal o de la Justicia en el caso de que fueran “traspasados”. Según algunas estimaciones, esto demandaría alrededor del 10% del presupuesto de la Ciudad. Para doblar la apuesta, el macrismo viene señalando que está dispuesto a destinar hasta el 20% de los gastos locales a la “seguridad”. Una reorganización del presupuesto de esa magnitud exige recortes sociales muy claros. El PRO está presionando a Telerman para que eche a unos 20.000 trabajadores contratados que están en hospitales, escuelas y reparticiones.

Con sus mafias y negocios propios, la Federal es un Estado dentro del propio Estado. En ese cuadro, el debate sobre las “funciones y facultades” de las dos policías —la Federal “residual” y la “autónoma”- puede terminar en una cruenta guerra por el reparto de las cajas.