La reunión del gobierno con los gobernadores patagónicos, a raíz del aumento de las tarifas de gas, se produjo bajo el impacto de las “marchas de las frazadas” que hoy recorren, no sólo la Patagonia, sino también Mendoza y ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Tandil.

 

El encuentro en la Casa Rosada determinó cuáles serían los sectores no afectados por los aumentos. Entre ellos, los trabajadores que cobren menos de 12.100 pesos y jubilados con haberes inferiores a los 11.000. Además, incluyeron a beneficiarios de planes sociales, personas con discapacidad y empleadas domésticas, junto a los beneficiarios de seguro por desempleo. Pero el gobierno echa lastre para mantener a salvo al corazón del tarifazo, en medio de la conmoción popular en curso.

 

Ante la primera oleada de movilizaciones por el aumento de tarifas del gas, el gobierno nacional había definido un tope máximo del 400% para el aumento en los hogares patagónicos. A las empresas o comercios de esa zona, sin embargo, les sostuvo el tarifazo del 1.500%, sólo que distribuido en dos cuotas. En pocos días quedó claro que el paso atrás no calmaba la repulsa popular.

 

¿Adónde va el aumento?

 

Históricamente, y por las bajas temperaturas existentes, el consumo en la Patagonia fue subsidiado. Esto prácticamente ha sido liquidado con los últimos aumentos, replicando lo ocurrido con la destrucción del sistema jubilatorio en Tierra del Fuego, donde se atacó una conquista concebida para lograr la radicación de trabajadores en la provincia austral.

 

Más de las tres cuartas partes de la nueva facturación irá a las petroleras, una transferencia del orden de los 3.500/4.000 millones de dólares. Pero, además, el anuncio del aumento de tarifas fue en paralelo a la más que duplicación del precio que recibirán las empresas por el gas en boca de pozo. El tarifazo financia una política de rescate furibundo de las petroleras.

 

La movilización y el gobierno

 

La iniciativa contra el tarifazo correspondió, en muchísimos casos, a vecinos que recibieron las facturas y organizaron desde la presentación de cautelares hasta la movilización callejera -frente al nivel de exasperación, intendentes y concejales se sumaron luego a los reclamos. La lucha contra el tarifazo ha sumado contingentes a la lucha que en las provincias patagónicas libran estatales, docentes y petroleros. A ellos, se sumaron fracciones patronales afectadas por los aumentos. Pero la crisis ha llegado a la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia acaba de suspender el aumento en la luz.

 

La Justicia

 

El movimiento popular, sin embargo, no debe perder de vista que las cautelares de la Justicia expresan la intervención de otro poder del Estado en la crisis. La judicialización apunta a contener la reacción popular frente al tarifazo, y “encauzar” su aplicación. Por caso, los jueces de Mendoza han propuesto una grilla tarifaria diferenciada, o sea, un rescate del tarifazo. En cualquier caso, y por pedido del propio gobierno, la sucesión de cautelares terminará en un fallo “ejemplar” de la Corte. El gobierno busca por esa vía la legitimación final del tarifazo. Este escenario reafirma la necesidad de que la lucha contra el tarifazo se apoye en la iniciativa popular, con independencia de todos los poderes del Estado.

 

La respuesta es multiplicar y extender lo que ya se vive en las calles: frazadazos en todo el país, contra el aumento y por la victoria de las luchas en curso.