31/03/2011 | 1170

Por la derogación de las mentirosas «internas abiertas»

"Reforma política": La antesala del fraude y la manipulación

Cuando faltan pocos meses para la realización de las «internas abiertas, obligatorias y simultáneas», los jueces de la Cámara Nacional Electoral acaban de señalar que aspectos fundamentales de la reforma política aún están en la nebulosa. No se ha establecido, por ejemplo, el modo de distribución de los espacios cedidos de publicidad o el financiamiento estatal de la campaña; no existe siquiera una ley de presupuesto 2011 que asigne una partida para los gastos electorales -dependerán de un decretazo escasamente ecuánime y, menos, legal. El gobierno tampoco reglamentó las condiciones que deben reunir las firmas exigidas por la ley para avalar a un precandidato a la interna abierta (o sea, con qué planilla hacerlo y qué tipo de datos personales son requeridos). En la interna de Buenos Aires se requieren unos 23.000 avales, que deben estar distribuidos proporcionalmente entre las secciones electorales. Cuanto más tiempo pase sin reglamentar esa disposición, más difícil será reunir esos avales.

En suma, el kirchnerismo se ha reservado para sí la facultad de establecer quiénes podrán ir a las elecciones internas o generales, y quiénes no.

Padrones

De acuerdo con una disposición de la «reforma política», las novedades que registre el padrón electoral (altas) serán informadas a la Justicia por el ministerio del Interior -no al revés. Quiere decir que el universo total de votantes estará en manos del gobierno, o sea, de uno de los partidos que se presentará a la elección. En los últimos meses, varios apoderados partidarios han denunciado una espectacular «inflada» de los padrones. Con ese incremento, la posibilidad de superar pisos electorales proscriptivos -como el que establece el código electoral para el reparto de diputados nacionales- se hace todavía más complicada.

La interna, una manipulación

La llamada «interna abierta» exhibe enormes irregularidades. El elector puede cortar boleta, o sea participar en varias internas y combinar candidatos para diferentes cargos entre varios partidos (los que reúnan más del 1,5% exigido dejarán vacantes las candidaturas que no lo hayan logrado). En ese caso, una boleta de diputados que pierda a la de Presidenta quedaría convertida en una «colectora» involuntaria de las candidaturas presidenciales rivales. La «interna» de cada agrupación quedará bajo el control, como ocurre en una elección general, de los partidos que reúnan fiscales en todas las mesas, de modo que los punteros del partido que está en el gobierno podrán falsificar el escrutinio de la interna de los partidos opositores, o sea decidir quiénes superan el piso y pueden ir a la general. Lejos de ser un recurso para que los partidos elijan candidatos, la interna hace exactamente lo contrario, pues esa selección queda en manos de los partidos con mayores recursos económicos.

Derogar

La indefinición de las reglas de la «interna abierta» en una etapa tan próxima a su realización, lleva a suponer que el gobierno las deje sin efecto, aunque las provincias se pueden reservar su realización para la elección local. La incertidumbre, sin embargo, bloquea el inicio de la campaña electoral en los medios, cuando el oficialismo goza de la ventaja de su publicidad institucional y política.

Si las «internas» no se hicieran, igualmente habrían conseguido varios objetivos proscriptivos, como dificultar la legalización de nuevas personerías, postergar la definición de los candidatos y la campaña de los opositores. Si, por el contrario, la «interna» se mantiene, nos encaminamos a un fraude descomunal. Esta es la realidad detrás de la pretensión oficial de «transparentar o normalizar la vida partidaria».

Contra toda esta manipulación, exigimos que se derogue la reforma política y, entre otros, las ‘internas; que todos los partidos tengan derecho a participar en la elección general; que los padrones sean sometidos a la fiscalización previa de los representantes partidarios; y también que la distribución de los recursos estatales sea establecida con criterios igualitarios por una comisión de los partidos que se presentan a los comicios.

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