El gobierno ha decretado la expulsión de los extranjeros “ilegales” a partir del 1º de enero. El ministro del Interior ha “justificado” esta infamia con el “argumento” de que los “ilegales” serían “portadores de enfermedades” y, además, constituirían una “competencia desleal” para los trabajadores argentinos. El caradurismo oficial no tiene límites: los responsables de las epidemias (cólera, sarampión, meningitis, etc.) no son los “ilegales” sino el régimen menemiano-alfonsinista, que ha liquidado la salud pública, ha privatizado la provisión de agua corriente, convirtiéndola en un “negocio” para el cual las masas empobrecidas no son un “mercado”, ha empujado a masas crecientes de trabajadores y desocupados a vivir en sitios inhabitables, sin mínimas condiciones de salubridad y las ha empobrecido, haciéndolas presa fácil de las pestes. Lo mismo con respecto a la desocupación, ¿quiénes son los responsables, los trabajadores —sean argentinos o extranjeros— o las patronales y el gobierno que impulsan una “flexibilización” feroz?

Esta infamia, sin embargo, servirá para que la policía patotee a más de 500.000 trabajadores extranjeros —la mayoría de los cuales tiene “los papeles” en regla— y se mande espectaculares razzias en las barriadas humildes en busca de “ilegales”.  Contra toda esta porquería, reclamamos la inmediata “legalización” de todos los trabajadores extranjeros que estén trabajando en la Argentina y así lo deseen.

 

La UOCRA “defiende” a los trabajadores de la construcción

La “importación”  de trabajadores de los países vecinos es una antigua treta de las patronales para bajar los salarios de los trabajadores argentinos. Esta presión, sin embargo, se ha agudizado violentamente desde la formación del Mercosur, que prevé la “libre circulación de factores productivos”, entre ellos los trabajadores. En la mayoría de las ramas se ha operado una transferencia de la producción hacia los países de salarios más baratos. Pero en aquellas donde esto es imposible (construcción, agricultura, servicios domésticos), los capitalistas “importan” trabajadores con salarios equivalentes al 10% de los argentinos, sin ninguna cobertura social o sanitaria; los trabajadores “importados”, ciertamente, no pueden protestar por estas condiciones de trabajo esclavas por su condición de “ilegales”.

Incluso, se han formado empresas argentino-brasileñas especializadas en la “importación” de trabajadores. En muchos casos, esta “importación” es perfectamente legal en virtud de un convenio firmado en 1982 entre las dictaduras de Brasil y Argentina (existen convenios similares entre Brasil y Uruguay y entre Uruguay y Argentina) que ni los “demócratas” alfonsinistas ni los menemianos “se acordaron” de derogar. Estos convenios permiten que los empleados de una empresa trasladados de un país a otro por plazos inferiores a un año sigan sujetos a los convenios y legislación laboral del país de origen …

A excepción de la UOCRA, la burocracia sindical no ha dicho una palabra sobre el tema. ¡Pero la política de la burocracia de Gerardo Martínez es aún más criminal que el silencio, ya que convierte a los “ilegales”  en el “pato de la boda”:  como las patronales que reclaman “protección” para sus industrias, los burócratas han salido a reclamar que se pongan “cupos” a la presencia de trabajadores extranjeros, no más del 20% de la plantilla de cada obra … sin importar que sigan cobrando salarios inferiores a los nacionales o tengan pésimas condiciones de seguridad e higiene.

Para la burocracia, que acepta plenamente la “flexibilidad”, el problema de los “extranjeros” se reduce a un problema de “caja”, ya que éstos no aportan a los sindicatos ni a las obras sociales. Por eso no reclaman la derogación del convenio argentino-brasileño del 82 ni se oponen a su contratación en condiciones esclavas —sólo pretenden limitarla.

El PO plantea: Para los argentinos y los extranjeros: igual salario por igual trabajo, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, convenio único y libre afiliación a los sindicatos, derogación del convenio de 1982, prohibición de las “agencias de trabajo temporario”, fuera la flexibilidad laboral.

En este caso saltan a la vista las limitaciones de una “política nacional”: es necesaria una acción conjunta, unificada de organización, denuncia, agitación y lucha del conjunto de las organizaciones obreras de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay