El Gobierno de la Ciudad va a llevar a votación en la Legislatura un proyecto de urbanización para el Playón de Chacarita. El mismo va en la línea del resto de proyectos similares en la Ciudad. La característica común es que hay una especie de “toma y daca”, donde la urbanización de las villas queda condicionada a la entrega de espacios para negocios inmobiliarios con constructoras amigas del gobierno.

 

El proyecto oficialista para el playón de Chacarita contempla la liberación de dos terrenos vacíos para la construcción de megatorres y habilita la obra de extensión de Triunvirato, entre Elcano y Lacroze. Mientras para los lobbys inmobiliarios y de la obra pública ofrece esos negocios, para los vecinos, a los que se les promete la urbanización, las condiciones son totalmente desiguales: el área para la construcción de viviendas es completamente insuficiente y mantiene las condiciones de hacinamiento que ya se sufren en el barrio. Se utiliza como base un censo que excluye a un sector muy grande de los habitantes y no plantea el relevamiento de la situación habitacional ni de las necesidades de infraestructura, y da muy pocas garantías para que se desarrolle una verdadera urbanización.

 

Al día de hoy, la posible urbanización del Playón está marcada por dos proyectos legislativos. Por un lado, el del macrismo, que privilegia los negociados de los especuladores inmobiliarios y, por el otro lado, el de los vecinos, presentado a través de la banca de Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda. Este proyecto fue discutido entre Ramal y los vecinos en asambleas numerosas, que incluso arrastraron a otros grupos políticos del barrio.

 

El despacho de los vecinos plantea que las tierras que serían destinadas a torres inmobiliarias sean usadas para la construcción de viviendas y relocalización de los vecinos del Playón; también plantea la creación de un registro de personas no censadas para que todos los vecinos puedan acceder a la urbanización, un nuevo relevamiento para contemplar todas las necesidades de infraestructura y de viviendas, respetando los desgloses familiares; la posibilidad del control de las obras por parte de los vecinos, que el Instituto de Vivienda de la Ciudad no sea el único encargado de tasar las viviendas y el resguardo de los lugares de uso comunitario del barrio, como el Galpón de Chacarita y la huerta orgánica.

 

Desde el Partido Obrero y nuestro bloque en la Legislatura defenderemos esta lucha por la urbanización real para los vecinos, contra el gobierno y sus negociados con el suelo de una ciudad plagada de necesidades para sus habitantes.