09/04/1998 | 580

Por qué la ‘reforma laboral´ desata una crisis política

La reforma impositiva y la reforma laboral formaron desde el comienzo un solo paquete debido a que la eliminación completa de los aportes patronales en concepto de seguridad social en la pri­mera (y las otras cargas sociales próxi­mamente), producía como resultado que cualquier contrato laboral ‘normal’ se transformara en un contrato basura putativo, o sea sin cargas sociales para los patrones, sin necesidad de que hu­biera para ello una infinita cantidad de los llamados contratos promovidos. A su vez, ‘simplificar’ y ‘normalizar’ la contratación laboral, decía el FMI, eli­minaría la necesidad de la contratación en negro y ayudaría de este modo a terminar con la evasión impositiva y el déficit fiscal.


Pero para compensar la pérdida de ingresos que provocaría la eliminación de los aportes patronales, de 2.500 mi­llones de dólares anuales, la reforma impositiva había previsto, principal­


mente, gravar con un impuesto a todos los sueldos superiores a 700 pesos, ba­jando el “mínimo no imponible” que es hoy de 2.400 pesos. La vacilación del gobierno en llevar adelante este brutal atropello contra los miserables salarios de los trabajadores, desató una serie de contradicciones de las que el gobierno no puede salir.


Por un lado, reemplazó la elimina­ción de los aportes patronales por una reducción de varios puntos, pero con esto los contratos que prevé la reforma laboral ya no son semejantes a los ‘promovidos’, que no pagan ningún aporte; A partir de aquí la patronal se ‘levan­tó’ contra la reforma laboral, exigiendo el mantenimiento de los contratos ba­sura.


Por otro lado, al gobierno no le alcan­zó el aumento del impuesto a las ganan­cias para adicionar a la compensación por el fracaso del impuesto a los sala­rios. La razón es que ganancias se paga al final del 98 o principios del 99, de modo que entretanto quedaría un fal­tante fiscal. Para contornar este proble­ma se armó el impuesto a los activos, como adelanto de ganancias, y se subie­ron los impuestos a las bebidas. Estos cambios provocaron el mayor rechazo de las patronales.


Por eso en el informe que se conoció el martes 7, el FMI insiste con el im­puesto a los salarios. No solamente ad­vierte que los ‘parches’ de la reforma impositiva podrían provocar una pérdida de recaudación fiscal, sino que agrega que es necesario aumentar esa recauda­ción por encima del nivel actual. Existe un previsión de que el déficit fiscal del 98 podría dispararse a los 7-8.000 millones de dólares.


Las patronales y el gobierno se en­cuentran entrampadas en estas contra­dicciones porque fueron ellos quienes armaron la crisis fiscal para beneficiar­se a sí mismos, en primer lugar La privatización de las jubilaciones derivó 3000 millones de dólares anuales de las Cajas del Estado a las AFJP, lo que luego se fue agravando con la reducción


de los aportes patronales y la contratos de empleo precarios. Se llega así a un total anual de 5000 millones de dólares, al cual deben sumarse dos rubros funda­mentales: el pago de los intereses de la deuda externa, que ya llega a los 7.000 millones de dólares, y la evasión imposi­tiva, que se calcula en 15.000 millones de dólares. Si se adicionan estos tres ítems tenemos 27.000 millones de dóla­res que el fisco cede a las patronales, sean industriales o banearías, argenti­nas o del exterior. Es decir que si no fuera por el saqueo capitalista tendría­mos un superávit fiscal de 20.000 millo­nes de dólares en lugar de un déficit de 7.000 millones.


¿Qué es entonces lo que obstaculiza el desarrollo nacional, el costo del traba­jo o el superbeneficio capitalista? La patronal no puede superar la crisis fis­cal sin gravar los salarios y ahogar toda­vía más la fuerza productiva del trabajo. Por eso la ‘reforma laboral’ ha creado una crisis política que deberá crecer en intensidad.


 

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