A pesar del fallo judicial, el contrato entre las petroleras YPF y Chevron aún permanece secreto.

YPF aseguró que lo entregó a la Justicia el 22 de septiembre, dos semanas atrás. Pero a partir de ese momento, nada más se supo del acuerdo firmado para explotar los hidrocarburos de Vaca Muerta, en Neuquén.

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal o el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 debían entregar el documento a Rubén Giustiniani, ex senador nacional y actual diputado provincial en Santa Fe, quien fue el ganador, tras varias idas y vueltas, de una demanda judicial que terminó obligando a YPF a dar a conocer el contrato.

Lo último del socialista que tomó estado público fue una declaración del 21 de septiembre, un día antes de la supuesta entrega del contrato a la Justicia, en la que criticó el “secretismo (que) le hizo mucho daño al país”. Giustiniani no ha dicho si recibió el contrato, en cuyo caso no lo está divulgando, o si no lo recibió, lo que debería denunciar. Por ahora mantiene el silencio.

El secretismo ha dominado el vínculo de YPF con Chevron, y el fallo judicial cambiaba muy poco esa situación. Según YPF, los convenios con Chevron suman 26, de los que “12 fijan los términos y las condiciones legales y comerciales de la inversión y operación, mientras que los 14 restantes hacen foco en el cumplimiento de las condiciones contractuales”.

El contrato que debería haberse dado a conocer es el mismo que YPF ya había mostrado lleno de tachaduras, ante un fallo adverso anterior.

Ese mismo día, dos ejecutivos de YPF describieron algunos detalles del acuerdo. Antes se encargaron de aclarar que la “ley de acceso a la información pública (…) claramente nos protege y deja mucho más claro el tema”: YPF no va a dar a conocer ni éste ni los demás contratos que firme con privados en el futuro.

El dato más fuerte es que YPF y Chevron emplearon empresas offshore en paraísos fiscales para evitar que Ecuador pudiera ejecutar una orden judicial argentina de noviembre de 2012 que embargaba los activos locales de Chevron por hasta 19 mil millones de dólares. Esa sentencia era una consecuencia de diversos fallos en la justicia ecuatoriana que responsabilizaron a Chevron a pagar 9600 millones de dólares en reparaciones por daños a la salud y el ambiente en el que viven pueblos originarios durante las décadas de 1970 y 1980 provocados por la petrolera yanqui Texaco, luego comparada por Chevron.

A pesar de la novedad, Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, consideró días atrás “un honor” recibir a Cristina Fernández, en cuyo mandato se firmó el contrato que escamoteó el cumplimiento de la sentencia en favor de Ecuador. El comportamiento de Correa quizá se explique en que en julio pasado aceptó pagarle a Chevron 112 millones de dólares. A partir de las sentencias en Ecuador, Chevron inició un ataque judicial del que logró una sentencia favorable en un juicio amañado en Nueva York y un arbitraje definitivo en La Haya que la premió con los u$s 112 millones.

La agencia oficial Telam dio pocos datos de algunos de los otros 25 contratos desconocidos en un cable del 21 de septiembre. En uno de ellos, YPF cede a Chevron los beneficios de un decreto de Cristina que creó un “régimen de promoción a la inversión”, un mecanismo habitual de subsidio de todas las patronales de todas las actividades productivas. Esa promoción incluye la libre disponibilidad de los dólares generados por la exportación sin retenciones de hasta el 20% del petróleo o el gas extraidos. El decreto permite a los socios de una explotación petrolera “convenir de qué modo se distribuirá (…) el beneficio mencionado”.

Otro de los contratos confirma la cesión a Chevron del 50% de la concesión de explotación (llamada Loma Campana) a cambio de su inversión de capital. Según los datos de YPF, la inversión de Chevron fue de 2800 millones de dólares, suficiente para instalar unos 300 pozos. En la concesión común ya hay más de 500 pozos con una inversión de 5800 millones de dólares según YPF. A mediados del año 2015, con algo más de 350 pozos activos, la producción de la concesión era de unos 20 mil barriles diarios y 1,8 millón de metros cúbicos de gas, producción que equivale a unos 600 millones de dólares. A este flujo hay que agregarle reservas calculadas en 1000 millones de barriles equivalentes de petróleo (combinación de petróleo y gas), con un valor de unos 50 mil millones de dólares. La mitad de todo es propiedad de Chevron. Por eso siguen escondiendo el contrato.

Cuando el gobierno de CFK firmó los acuerdos, el macrismo atacó su carácter secreto. Entre los críticos, se destacó la entonces diputada Laura Alonso. Con Cambiemos en el gobierno, y Alonso ocupando la Oficina Anticorrupción, sus antiguas críticas trastocaron en elogios y justificaciones al manejo “reservado” de la entrega de los recursos nacionales al pulpo petrolero.