Políticas

26/8/2004|865

Por un salario mínimo de 800 pesos

Todo el mundo sabe que la pobreza no es un ‘patrimo­nio’ exclusivo de los cuatro millones de desocupados. Alrededor del 40% de los traba­jadores con un empleo se encuen­tra en la misma situación.


O sea que ganan menos de 700 pesos.


Nada menos que un 25% se en­cuentra más abajo aún, en el nivel de indigencia.


No logran reunir, por mes, más de 350 pesos.


Este nivel salarial explica los enormes beneficios que han obteni­do los capitalistas desde el 2001.


Sin contar, claro, con los que re­cibieron como consecuencia de la pesificación de las deudas.


Ahora el Consejo del Salario Mí­nimo pretende llevar el mínimo a 400 ó 450 pesos, que serán bas­tante menos como consecuencia de los diversos descuentos que se le aplican.


Según un informe laboral, en los países desarrollados el salario mí­nimo equivale al 60% del salario promedio.


De acuerdo a estos parámetros, el salario mínimo debería ser en la Argentina de 660 pesos, dado que se calcula el promedio (incluyendo salarios de gerentes y ejecutivos) en 1.100 pesos.


Pero esos 660 pesos seguirían estando debajo del nivel de pobre­za.


Deberán absorber, además, por un largo período la inflación sub­siguiente.


La Asamblea Nacional de Tra­bajadores Ocupados y Desocupa­dos ha presentado un reclamo de 800 pesos para el salario mínimo.


Se trata de una reivindicación modesta, porque representa la mi­tad del costo de la canasta fami­liar.


También exige que se formen obligatoriamente comisiones obre­ras de control, electas en cada em­presa, para combatir, entre otras cosas, el trabajo en negro.


Con el trabajo en negro, varios millones de trabajadores no po­drán cobrar siquiera el aumento oficial.


Los inspectores laborales brillan por su ausencia y las princi­pales empresas han amurallado a sus obreros en los llamados par­ques industriales.


En lugar de pelear la represen­tación en el Consejo, la CGT, la CTA y la UOM harían mucho mejor en ponerse de acuerdo en una rei­vindicación común de 800 pesos para el salario mínimo y en el establecimiento de comisiones obre­ras de control electas.