07/09/2000 | 679

Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Intervención de Jorge Altamira en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Señor presidente: quiero comenzar esta intervención con una digresión. Es frecuente escuchar referencias en este recinto -de hecho, las hemos escuchado- acerca de la falta de credibilidad que las instituciones políticas del Estado, y el Estado capitalista en su conjunto, tienen en la opinión pública y, en particular, entre los trabajadores. Yo me regocijo de este hecho; no lo lamento; esas manifestaciones muestran un saludable estado mental de nuestro pueblo.


El segundo aspecto al cual me quiero referir en esta digresión es que no es cierto que los trabajadores argentinos repudien la política. Como lo han demostrado en dos grandes paros generales, el 5 de mayo y el 9 de junio, los trabajadores, aquellos que no culminan la escuela primaria -a diferencia de los que estamos sentados acá-, salieron a la calle en un paro general a repudiar la reforma laboral que hoy toda la Nación sabe que es producto de la corrupción. Ellos fueron los primeros.


La política no ha caído en el pueblo, porque no ha caído la movilización, no han caído las reivindicaciones, no han caído los cortes de ruta. Puedo asegurar que esa política es la que va a triunfar en nuestro país. Y es la política que también vamos a poner de manifiesto el próximo miércoles; porque el próximo miércoles vamos a hacer una manifestación de independencia nacional y de unidad latinoamericana, marchando en repudio de la presencia del presidente Clinton, de los Estados Unidos, en Colombia, en el intento de crear un Vietnam en nuestra América Latina, de violentar la soberanía de una de nuestras naciones hermanas y de llevar esa empresa malsana a las naciones limítrofes de la República de Colombia.


La política popular está viva, no está muerta en el pueblo. El pueblo descree de una política que se ha terminado, y ese descreimiento es una manifestación de un excelente estado de salud mental, por parte de un pueblo que tiene muchas razones para no estar mentalmente saludable.


 


Crisis política


Creo que en la discusión de este problema hay un grave error conceptual. Es un error discutir la corrupción. En todo caso, si fuera acertado discutirla, ya es tarde. No estamos ante un problema de corrupción, no estamos ante un hecho judicial. La propuesta de resolución que reclama una investigación es banal, es redundante. ¿No se dan cuenta sus redactores, que una manifestación de soborno tiene naturalmente, en cualquier régimen democrático, una salida natural en la actuación del Poder Judicial, en la acción de una comisión investigadora? Admitir que eso no está funcionando, reconocer que eso no está funcionando, significa admitir de hecho que ya no estamos ante un caso de corrupción, que ya no estamos ante un caso judicial: que, en realidad, estamos ante una crisis política.


La crisis política no consiste en que tres, cuatro o cinco senadores hayan sido sobornados. Consiste en que los tres poderes del Estado no tienen ninguna condición para superar la situación creada por cinco senadores sobornados. ¡Ese es el problema político! ¡En eso está la crisis política!


Si no definimos el concepto de lo que estamos tratando, difícilmente vamos a poder encontrar la solución del problema, y es inevitable que terminemos votando cosas completamente redundantes y banales, y luego de repetir que tenemos que devolverle credibilidad a la política, mañana la gente va leer en los diarios que la Legislatura, después de «manifestar una gran preocupación, solicita una investigación»; y se van a matar de risa. Porque van a decir: «Han mandado de nuevo la roña debajo de la alfombra». Y, en nombre de la devolución de la credibilidad de la política, ustedes habrán metido otro clavito en el féretro de la famosa política que todo el mundo aquí quiere rescatar.


 


Sin soluciones


Acá hay un problema que supera lo policial y lo judicial. Hay un problema de naturaleza política, porque las instituciones -incluidos los partidos- no encuentran una solución a este problema.


Voy a dar el siguiente ejemplo: en una circunstancia como ésta, ¿cómo es que el Comité Nacional, o como se llame, del Partido Justicialista, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, los comités nacionales de los partidos que componen el Frepaso -me refiero a los partidos que son protagonistas de estas instituciones- no se han reunido y no han dicho si avalan o no a sus senadores y ministros, o si los expulsan?


En cambio, miren lo que ha ocurrido: en los diarios de hoy leemos que, en el día de ayer, no todos, pero la mayor parte de los partidos que componen el Frepaso, se han reunido para avalar al ministro Flamarique. Esto, aparentemente, es una asunción de responsabilidades. Pero, bien leída, esta limitación al ministro Flamarique, ¿no aparece como una condena implícita a otros funcionarios del gobierno que no han sido avalados, según los diarios de hoy, por la reunión encabezada por el vicepresidente de la Nación? Porque ustedes saben que también está cuestionado, en la versión pública, un funcionario de la importancia del secretario de los servicios de informaciones del Estado. Por lo tanto, al ratificar a Flamarique, en realidad se está dejando correr la versión de que había otro funcionario del Estado involucrado.


El presidente de la Nación ha sido muy claro: ha ratificado su completa confianza en sus ministros y en sus funcionarios. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Si esto es así, no hubo quien fuera a ‘coimear’? Y si no hubo quien fue a ‘coimear’, ¿quiénes serán los ‘coimeados’? La declaración del presidente de la República tampoco resuelve el problema.


Ayer tuve la oportunidad de ver el programa televisivo de Lanata, en el cual el senador Moreau daba una explicación sorprendente. El decía que era obvio que no estaban involucrados senadores radicales, porque -se preguntaba- «¿para qué un gobierno radical necesitaría apelar a un procedimiento especial para convencer a la gente de su propio partido en un proyecto oficial del Poder Ejecutivo?». El señor Leopoldo Moreau se olvida de que no sólo él en particular, sino varios diputados de la Alianza, se pronunciaron en contra de la Ley de Reforma Laboral y en contra de la disminución de los salarios, porque constituyen violaciones a lo comprometido en la campaña electoral por parte de estos partidos.


Pero, luego de decir todo esto, sorprendentemente, todos los voceros políticos coinciden en que Joaquín Morales Solá merece todo el respeto, y que lo que ha dicho es sagrado. Y lo que ha dicho Morales Solá es que ha habido soborno. Después de negar todo, arriban a la conclusión de que lo que negaron es cierto.


¿Cómo vamos a llamar a todo esto? ¿Una comedia? Dada la importancia del tema, esto no es una comedia. Creo que hay una profunda confusión política, y esta confusión política es parte integrante de la propia crisis política. No se puede separar de la crisis política la confusión política de los partidos que tienen que gobernar el país y que a la hora de enfrentar todo esto dicen que no saben cómo gobernar, y que no saben cómo actuar. Esta es la crisis política que tenemos. Y de aquí se desprende la naturaleza de la propuesta, del proyecto, que he presentado a este Cuerpo.


Por otra parte, hablar de corrupción es un tema antiguo. En política, es muy frecuente escuchar decir que «si esto se hubiera planteado hace seis meses, salvábamos la ropa; ahora ya no la salva nada» Para aliviar un poquito la tensión, que no sé si existirá o no en el ambiente, se puede decir que si Putin se habría preocupado por el submarino hace dos semanas hubiera sido una cosa; si recién ahora se preocupa por el submarino, ya perdió.


 


Vaciamiento


Acá no estamos ante un problema de corrupción. El problema de corrupción ya está superado; estamos más allá. Este problema es la consecuencia de todo un proceso político sobre el cual quiero hacer hincapié en forma personal, porque esto tiene que ver con una trayectoria principista que me he esforzado en mantener, en la que sostengo que los procesos de restauración democrática no pueden iniciarse nunca con una afirmación de la continuidad jurídica del Estado y, por lo tanto, de todo el cuerpo legal sancionado por las dictaduras militares; una restauración democrática es tal cuando rompe el legado de la dictadura que conculcó la libertad democrática y los derechos de los ciudadanos. Y este proceso democrático, como los anteriores -como el posterior a Onganía, como los que siguieron al golpe ‘libertador’-, se han caracterizado por este vicio fundamental. Es decir, aquí estamos ante una corrupción del proceso político, pero no en el sentido monetario, sino en el sentido que decía Aristóteles: una degeneración de esas funciones políticas.


Quiero destacar aspectos fundamentales en este proceso de vaciamiento de las instituciones. Por ejemplo, el tratamiento de la deuda externa; hoy tenemos el espectáculo de un Congreso de la Nación que se ve obligado a discutir -sin por ello tener la capacidad de decidir- lo que ha ocurrido con la deuda externa, por la decisión de un juez de la Nación. El Congreso no ha tenido la capacidad de discutir la deuda externa, y así es como ella se ha disparado de 30 mil millones de dólares a 200 mil millones de dólares; nadie sabe cómo pagarlos, y es así que hemos pasado de ser la Nación Argentina a ser «riesgo país». Este país con historia se ha transformado en un título de la deuda pública que cotiza en el mercado de Nueva York: éste es un renunciamiento político profundo. O, por ejemplo, la Ley de Obediencia Debida, obtenida a punta de pistola. Y, finalmente, no se puede dejar de mencionar -porque algunos de los protagonistas de aquel proceso, o de aquel episodio, ahora también coinciden- el Pacto de Olivos, que habilitó una reelección presidencial contra la que se oponía una mayoría, o un sector suficiente para impedirla, en el seno del Congreso Nacional.


¿Es casual que este problema se haya planteado en torno a la cuestión de la Ley de Reforma Laboral? De ninguna manera; aunque tampoco quiero exagerar sobre la combinación de estas circunstancias. Esta Ley de Reforma Laboral no ha sido -como dijo el diputado Rodríguez- «una reforma puramente banal». Ha sido un golpe extremadamente duro a los trabajadores y ha sido fogoneada durante mucho tiempo por grandes grupos empresariales. Al punto que en los mentideros, señoras diputadas y señores diputados, se la ha llegado a llamar ‘la ley Techint’, en nombre del principal grupo económico interesado en hacer aprobar la Ley de Reforma Laboral. Por eso me llamó la atención, y lo mencioné en la reunión de presidentes de bloque, que algunas de las propuestas que hay aquí exculpen a los empresarios en el proceso de corrupción que ha dado lugar a esta reforma laboral.


También quiero subrayar la contradicción de todo un sector de la dirigencia sindical que procura hacer una conciliación o una concertación social con el mismo grupo productivo que fogoneó la sanción de esta ley. Quiero recordarles a todos ustedes que el equipo económico que fogoneó esta ley es el mismo que bajo el comando de Techint, es decir de Roberto Rocca, dirigió la Comisión de Investigaciones Económicas de la Unión Industrial Argentina. Es decir, hay un proceso de corrupción política general mucho más profundo que el que se está debatiendo a nivel de los sobornos.


 


Asamblea Constituyente


Hay un planteamiento que repetidamente he escuchado en la Alianza y en funcionarios de gobierno; se lo he escuchado a D’Alessandro, y se lo he escuchado decir en algunos debates televisivos, en los cuales participé, a diputadas tan poco sumisas como Alicia Castro y Elisa Carrió: «Nos han dejado una herencia; estamos actuando así por el problema de la herencia». Esto significa que el régimen político está condicionado por un conjunto de relaciones económicas y sociales que lo dominan y le dictan la conducta a seguir. Esta es una situación que no puede continuar. Por eso, en el proyecto de resolución que he presentado, reclamó expresamente la necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.


A esta altura de mi intervención -ya estoy terminando, señor presidente-, ustedes comprenderán que esta propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para reorganizar integralmente las instituciones del Estado, la economía y la sociedad argentinas, que se encuentran en una situación terminal, no la efectúo desde la ingenuidad. No la estoy proponiendo porque piense que la Legislatura le pueda dar efectos jurídicos o políticos inmediatos. La estoy proponiendo para esclarecer a la opinión pública y para trazar la perspectiva de salida.


Un diputado de la Alianza me dijo: «No te podemos aprobar esto». Este comentario suscita la siguiente reflexión: las asambleas constituyentes hay que agarrarlas en el momento oportuno, porque cuando la crisis se prolonga y avanza, y la descomposición se acentúa, y se quiere salvar la situación convocando a una Asamblea Constituyente, ya es muy tarde: el pueblo, por su cuenta, ha decidido tomar las riendas, y él va a establecer esa Asamblea Constituyente que las instituciones y los partidos no fueron capaces de trazarle antes como una alternativa popular. Si no, pregúntenle al Parlamento Largo de Inglaterra, a la Asamblea Constituyente francesa, o a los constituyentes de la Rusia en el período de la Revolución de Octubre.


Este es el sentido del planteamiento: abrir una perspectiva. ¿Qué nos van a decir aquí Corach, Del Piero y García Arecha? ¿Qué nos van a decir que no sepamos? ¿Qué show queremos protagonizar? ¿Qué indicación le daremos al Poder Judicial para que investigue?


Consideren seriamente esta propuesta. Por mi parte -y con esto concluyo mi exposición-, les quiero llamar la atención sobre un hecho político fundamental: nada menos que once diputados nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de resolución que hoy se va a votar para que se derogue la ley antilaboral y antiobrera, a partir de los vicios manifiestos.


Desde la bancada revolucionaria de izquierda, hemos conjugado posiciones políticas para hacer avanzar el interés de los trabajadores contra la prepotencia y la superexplotación del capitalismo.


 


25 de agosto de 2000.

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