Por una gran marcha contra el hambre y los despidos
Crisis de la pesca
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El “boom" exportador (basado en la devaluación, la depredación del recurso y la superexplotación de los trabajadores del puerto) ha abierto una lucha sin cuartel entre los pulpos pesqueros por las cuotas de captura (la tonelada de merluza entera trepó a los 500 dólares, y la tonelada fileteada al doble).
Con el “alejamiento” del juez Giudici, esta guerra de intereses capitalistas ha pegado un nuevo salto. A Giudici, el gobierno nacional lo ha amenazado con una investigación del Consejo de la Magistratura, por los amparos judiciales que dictó en beneficio de las pesqueras marplatenses Valastro, Moscussa y Solimeno. Estas empresas, que concentran el negocio en Mar del Plata, desconocieron las cuotas fijadas por la Secretaría de Pesca y —según Clarín- “habrían sobrepasado ampliamente el límite asignado”. Detrás de esta ofensiva está la flor y nata del kirchnerismo. El gobernador Das Neves, de Chubut, calificó el accionar de Giudici como “juez fantasma en connivencia con los (que obtienen) amparos para pescar”.
Pero lo que defienden Kirchner y los funcionarios “pingüinos” no es la “sustentabilidad” del recurso (la merluza) ni la “racionalidad” en la explotación del caladero, sino las ganancias de la flota patagónica (a la que quieren beneficiar con una redistribución de las cuotas en detrimento del embolse millonario que hicieron sus rivales marplatenses). Por eso se anuncia la intención de reservar 24.000 toneladas que restan para “aquellas empresas que no han salido de la crisis por fuerza mayor”.
Frente negrero
El gobierno amenaza con cerrar anticipadamente el caladero, una vez alcanzado el cupo máximo de toneladas de merluza. La crisis y la disputa de los pulpos pueden llevar (con los precios de la merluza por las nubes) a un párate del puerto de Mar del Plata y a una ola de suspensiones y pérdida de puestos de trabajo para fileteros. Este contrasentido, propio de los límites de la explotación capitalista, es demostrativo de la precariedad de la “recuperación” kirchnerísta.
En esta puja, y a favor de las patronales marplatenses, se anotaron Solá, el intendente Katz, la CGT regional, las cámaras empresariales de la pesca y las “cooperativas” truchas, así como los sindicatos portuarios. El Simape y el Siconara, gremios que agrupan a los marineros, presentaron un recurso de amparo solicitando la derogación de la resolución nacional 675 que “dispuso cupos insuficientes de captura para la especie de la merluza”. Bajo el ala patronal se cobija también un sector del Soip alineado con este “frente productivo”. En ningún caso las reivindicaciones de este “frente” exceden el interés de los pulpos marplatenses de seguir saqueando el recurso en provecho propio contra las pesqueras patagónicas que quieren birlarle el negocio para aprovechar el boom de precios.
Aún antes de que comenzara el párate de los barcos, el gremio del pescado estaba recorrido por una sucesión de conflictos por el no pago de adicionales de convenio, recortes arbitrarios de los premios a la productividad, descuentos compulsivos de haberes, despidos y negativas de las patronales a blanquear a los trabajadores en negro. La “cuotificación”, que debía atarse a la cantidad de trabajadores en blanco, es simplemente una parodia que las empresas no quieren cumplir (allí donde lo hicieron fue por la lucha de los obreros). Parte de esta lucha fue la Asamblea del Soip que en su momento eligió delegados paritarios combativos, aún no reconocidos por el Ministerio de Trabajo. En los últimos 30 días hubo varias luchas en las plantas, y tres de ellas terminaron con desalojos compulsivos y enfrentamientos con la policía.
Programa
El Partido Obrero denuncia este desastre que están provocando los pulpos pesqueros y llama a la unidad de acción de todos los trabajadores del puerto para votar la organización de una Gran Marcha contra el Hambre. ¡La defensa de los fileteros y marineros es una cuestión de todo el pueblo trabajador marplatense y de su movimiento piquetero!
Las patronales exportan millonadas en dólares y el gobierno tiene superávit fiscal: que la crisis artificial que están provocando no la paguen los trabajadores. Ni despidos ni suspensiones, por la defensa de todos los puestos de trabajo en el puerto. Blanqueo de todos los trabajadores en negro. Garantía horaria para todos, actualizada de acuerdo al costo de vida. Control y planificación del recurso pesquero por parte de una comisión electa de trabajadores de tierra, mar y los científicos del Inidep.