Políticas

12/4/2007|987

Posición del bloque de diputados del PO frente al comunicado firmado por el resto de los bloques de diputados.

Bloque del Partido Obrero en la Legislatura de Salta

El comunicado firmado por todos los bloques de la Cámara de Diputados, a excepción del bloque del PO, intenta ocultar que la Legislatura le ha dado la espalda a los docentes desde que comenzó la huelga.


Demuestra que forman un bloque compacto de intereses, más allá de sus rencillas ocasionales. No es casual que cambien de bandería con tanta frecuencia.


El conflicto docente ha llegado a su séptima semana de paro, no por una falta de acuerdo entre docentes y gobierno en una “puja distributiva” sino porque el gobernador pretende fijar en forma unilateral los salarios e ignorar las demandas del magisterio (lo que ha hecho todos los años durante más de una década).


Es significativo que los legisladores que han dado sistemáticamente la espalda a los docentes hablen de “una puja distributiva” que tiene de un lado de esa ‘puja’ al Poder Ejecutivo, como si éste fuera una camarilla de negocios que busca arrancarle ingresos a los sectores sociales que viven de su trabajo. No podían haber definido de mejor modo la realidad, porque en efecto el Poder Ejecutivo gobierna para los grupos petroleros y los pulpos contratistas. Si el Poder Ejecutivo participa de una ‘puja distributiva’ con un sector del pueblo debe ser desalojado del poder, porque la Constitución no admite la defensa de intereses particulares o privados por parte del Estado.


Los legisladores tampoco han podido señalar con tanta claridad su propio rol en la ‘puja distributiva’ en cuestión, pues al votar el presupuesto anual de gastos y recursos han volcado siempre la balanza ‘distributiva’ en beneficio de los explotadores. La provincia tendrá este año casi 500 millones de pesos extras por fuera de lo presupuestado. A esto se suma el hecho de que las exportaciones en Salta han alcanzado una suma cercana a los 3 mil millones de pesos en 2006, reportando escandalosos beneficios para sectores que no aportan nada al Estado y son beneficiarios de un verdadero festival de subsidios. Es de estos sectores de donde deben salir los recursos para salarios, salud, educación y las obras públicas prioritarias para la población.


La Cámara de Diputados no sesionó para pronunciarse sobre el principal tema político de la provincia, la lucha docente, pero sí tuvo tiempo para realizar una sesión extraordinaria para consagrar nuevos negocios privados a través de diferentes exenciones impositivas.


Los diputados que firman el comunicado no demostraron voluntad alguna para actuar frente a los graves hechos de espionaje contra la docencia, frente a las amenazas constantes de los ministros y a las resoluciones que atacan el derecho a huelga —como las que decretaron el reemplazo de los huelguistas, el descuento de los días de paro y hasta la que plantea la cesantía de los maestros rurales que se adhieran a la medida de lucha. Hicieron oídos sordos al pedido del bloque del PO de interpelación al secretario de Seguridad y a la ministra de Educación.


En la misma línea del gobierno, los diputados denuncian agresiones de violentos ajenos a la docencia, un recurso que no ha faltado nunca en la historia de las represiones contra los pueblos. Pero estos diputados han sido incapaces de reservar una línea de papel y de tinta para condenar a los responsables políticos y materiales del asesinato del docente neuquino, Carlos Fuentealba, ni la militarización de las escuelas de la provincia de Santa Cruz, ni la represión con gases a los docentes salteños. Mucho menos, han denunciado la impunidad que persiste a dos años de la brutal represión a los docentes en la “Noche de las tizas”, o de los asesinatos en General Mosconi por parte de la Gendarmería en el 2000, y el del compañero Aníbal Verón.


Que una Legislatura se proponga como mediadora entre un colectivo docente que reclama por sus derechos y el Poder Ejecutivo, constituye un reconocimiento de la caducidad de la capacidad de gobierno de ese ejecutivo. Los señores diputados que defienden el orden constituido no tienen siquiera conciencia de lo que escriben. El derecho constitucional de peticionar no va dirigido a ‘mediadores’ sino a los que están a cargo del poder del Estado. Los diputados en cuestión desconocen la Constitución de Argentina y de Salta, y hasta el derecho constitucional en general. Que Juan Carlos Romero se baje del pedestal que nadie le consagró y que mande a su ministra de Educación a negociar con la Asamblea de Docentes Autoconvocados. Cualquier otra cosa es una nueva maniobra más de los funcionarios pagos del oficialismo.


El bloque del Partido Obrero, que ha sido excluido de la ronda de reuniones clandestinas de los legisladores del PJ, renovadores y partido de la Victoria, reclama la inmediata satisfacción del petitorio docente, la derogación de las resoluciones ministeriales que atacan a la docencia y la inmediata investigación del espionaje a los huelguistas. Asimismo, expresa también su más enérgico repudio a la represión sufrida por los docentes neuquinos que se cobró la vida de Carlos Fuentealba y se solidariza políticamente con el reclamo del pueblo de Neuquén para que Sobisch se vaya.


Los diputados del Partido Obrero ratificamos las resoluciones de la asamblea de legisladores y concejales del PO de la provincia de Salta, de que nuestra obligación como representantes del pueblo es defender al pueblo que nos votó, contra el aparato del Estado que los agrede y no defender al Estado contra el pueblo que reclama.