Precariedad laboral: un aliado de la impunidad del Estado
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La causa seguida contra Olivera Rovere –la cual supera cómodamente los 200 cuerpos, es decir más de 40.000 hojas– fue instruida por dos empleados.
La publicitada discordia entre la Corte Suprema y el gobierno K sobre los motivos del atraso de las causas de derechos humanos, devino en una partida de 750 contratos para el Poder Judicial. Sin embargo, ante una situación de aguda precariedad laboral en la que los trabajadores llevan años ocupando cargos interinos o en calidad de contratados, pudiendo ser despedidos en cualquier momento sin derecho a una indemnización y dependiendo del presupuesto que la Corte disponga, lleva a que los jueces utilicen estos contratos para distribuirlos entre los empleados con más antigüedad en estos puestos precarios. En esta coyuntura, se descarga sobre los escasos empleados asignados a las causas, la responsabilidad por el retraso, extendiendo la jornada laboral sin pago de horas extras. Es decir, se acentúa la explotación de los trabajadores a la vez que, indefectiblemente, opera el atraso en las causas que juzgan el genocidio vivido en nuestro país entre 1976 y 1983. Ante ello, reclamamos ¡Pase a convenio de todos los contratados e interinos! ¡Por la estabilidad laboral! ¡Por una jornada laboral reglamentada y por el pago de las horas extra! ¡Basta de despotismo de jueces, fiscales y defensores! ¡Elección por concurso de los trabajadores del Poder Judicial! ¡Por una representación gremial de bases en todos los lugares de trabajo! ¡Comisiones investigadoras independientes del Estado!
