El futuro jefe de gobierno de Buenos Aires tendrá a su cargo la “capitalización” del puerto porteño. La terminal portuaria – por supuesto, la más importante del país – fue privatizada por el menemismo pero aún se encuentra bajo el dominio nacional. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que debe quedar bajo su jurisdicción. La ley nacional 24.093 convalida la transferencia a condición de que sea creada una entidad “privada” para su administración. Ni Ibarra, ni los ex ministros de Menem aliados para las elecciones de Capital, cuestionan esta disposición. La pri-vatización ha sido, sin embargo, la fuente de innumerables penurias para miles de trabajadores portuarios (despidos masivos, brutal flexibilización laboral, generaliza-ción del trabajo en negro por el sistema de “cooperativas”) y de gigantescos negocia-dos de todo tipo y carácter.

Han sido los despedidos portuarios los que un tiempo atrás denunciaron que, con los nuevos dueños, el Puerto de Buenos Aires se transformó en un paraíso del contrabando y el hiperdelito. Las armas ilegales para Ecuador, por ejemplo, salieron por la terminal 6 de Puerto Nuevo. Los grupos privados están acusados de complici-dad en la caída de los sistemas de control de la Aduana (recordar el negociado de la Aduana ‘paralela’ por montos del orden de los 10.000 millones de dólares). Los pro-pios pliegos de privatización fueron sistemáticamente violados con documentación falsa sobre el movimiento del comercio exterior, para subvaluar el pago de los cáno-nes fijados a los propietarios de la explotación de las terminales.

Sin decir esta boca es mía, sin embargo, los candidatos del gobierno y la Alianza afirman ahora que volverán a la carga con la política de disminuir los costos laborales (La Nación, 7/3) y de avanzar en la privatización. En este sentido, el fla-mante titular de la Administración General de Puertos – el aliancista Ricardo del Valle – pretende transformar el puerto en un gigantesco shopping-turístico y en espa-cio para la especulación inmobiliaria. Para eso ya está previsto un seminario con grupos capitalistas vinculados al turismo de lujo por medio de cruceros y la “potenciación de los espacios disponibles en el puerto”, lo que supone comercios, viviendas para demanda de gran poder adquisitivo, servicios de comunicación, etc. La orientación general no es, por supuesto, resolver los problemas de habitación y transporte del sufrido trabajador que vive o trabaja en la Capital, sino extender los ba-rrios Puerto Madero y la apropiación de la renta del suelo por parte de los grandes especuladores inmobiliarios. Para esto Cavallo ya habló de erradicar la terminal de Retiro.

Los tres candidatos hablan de integrar el puerto con la infraestructura ferrovia-ria, pero ellos se encargaron en su momento de desmantelarla (sólo el 8% de las cargas llegan en tren); lo que pretenden ahora es establecer un subsidio estatal en favor de este negocio. Es para esto que Ibarra, Cavallo y Beliz coinciden en reivindicar el puerto para la Ciudad Autónoma. También se refieren a estos negocios cuando hablan de una Capital “moderna”, que sea una vidriera totalmente consagrada a ga-rantizar el lucro de los privatizadores, de los especuladores inmobiliarios y de los dueños del comercio exterior.

Un gobierno al servicio de los trabajadores plantearía otra política: la investi-gación de los negociados; la denuncia de las violaciones al derecho laboral; la fija-ción de la jornada de trabajo, etc. La ley 24.093 es inconstitucional y violatoria de la autonomía, porque prohíbe la explotación estatal del puerto. Un puerto porteño que esté al servicio de los grupos financieros y de la oligarquía exportadora, es un canal para el saqueo del país. Proponemos: un congreso de trabajadores de la ciudad, con representantes de todo el país, para debatir un plan de reconversión del puerto en función de las necesidades del pueblo trabajador y de un desarrollo independiente de las fuerzas productivas nacionales.