El gobierno provincial convocó a sesión extraordinaria el 7 de diciembre, a la que volcó una batería de leyes que son un verdadero ataque a la condiciones de los trabajadores jujeños, en sintonía con el cuadro de ajustes y reformas antiobreras que pretende hace aprobar el gobierno nacional.

Entre otros puntos, se votó un presupuesto de ajuste. Con algunas críticas secundarias o de formas, la iniciativa fue acompañada por la mayoría del PJ, con el argumento de que “no se puede votar en contra del presupuesto”. Entre Cambiemos y el PJ el pacto de gobernabilidad está asegurado. Los propios diarios de la provincia anunciaron este pacto ajustador: un acuerdo de bloques y con las intendencias, que terminaron acompañando la propuesta en función de los recursos que tiene que girar el Ejecutivo, ya que en la provincia no hay ley de coparticipación.

Maniobras

El gobierno realizó una maniobra por partida doble de cara a la sesión: por un lado, adelantó la jura de diputados para el 5 de diciembre (era el 10), en función de una interna con el peronismo, como un modo de obligar a dos intendentes del PJ que iban a asumir como diputados a que tengan que convocar nuevas elecciones por no llegar a la mitad del mandato.

Por otro, puso la sesión extraordinaria el 7 para discutir esta batería de leyes anti obreras antes de que asuma el bloque del Frente de Izquierda (que coronó cuatro diputados en octubre), con la intención de evitar nuestro cuestionamiento y el debate.

La “ley de Leyes”, un fenomenal ajuste contra trabajadores

Con menos de 48 horas para estudiarlo, y fuera de la posibilidad de debatirlo de cara a los trabajadores, se aprobó el presupuesto provincial. Este fue calificado como “austero” por parte del oficialismo, pero se trata en verdad de un brutal ataque a los trabajadores: establece como paritaria salarial para los empleados públicos en 2018 un aumento del 10%, mantiene la prohibición del pase a planta permanente (art 8), habilita al Ejecutivo a redistribuir y compensar entre partidas ya asignadas (Art 14) y fija un monumental negociado con la venta de tierras fiscales para especulación inmobiliaria (sólo el primer tramo del proyecto de venta de tierras en el Carmen supone un ingreso por 960 millones de pesos, casi el 2,5% del presupuesto).

Este presupuesto es un ataque a los miles de trabajadores precarizados que prestan servicios en la provincia por una fracción de un salario. Se condena a un cuadro de miseria general a los trabajadores públicos. El 6 de diciembre, se había realizado una importante movilización de empleados municipales reclamando contra la precarización laboral, los sueldos adeudados y un bono de fin de año, y sólo fueron recibidos por el diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

Sigue la política de endeudamiento

El presupuesto votado fija gastos por $44.000 millones e ingresos por $41.500 millones, o sea que prevé un déficit de $3.500 millones aproximadamente. Sin embargo este déficit se seguirá incrementando, dado que el oficialismo hizo aprobar dos nuevos créditos: uno por $115 millones de pesos y otro de U$S20 millones para ampliar el presupuesto de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (GIRSU). Fue criticado que se votara por fuera del presupuesto provincial. El oficialismo es una máquina de endeudar la provincia. Desde su asunción, se ha triplicado la deuda pública provincial.

La sesión continuó votando y aprobando leyes contra los intereses populares, por ejemplo una ley para dotar de “operatividad al código contravencional”,  lo que significa un reforzamiento del aparato represivo provincial contra movilizaciones y reclamos, la Ley de regularización de deudas tributarias, la Modificación del código fiscal provincial, una nueva ley impositiva y la conversión del área natural protegida de los diques en área de desarrollo sostenible (base de un negociado inmobiliario).

Una legislatura a espaldas de los trabajadores

Todas las medidas aprobadas en la legislatura van a profundizar el cuadro de crisis provincial. Los señalamientos sobre el rol de “segunda guitarra” del peronismo para acompañar toda esta batería de leyes de ajuste tienen que servir para poner en estado de alerta y deliberación a los trabajadores. La salida para enfrentar el ajuste pasa por organizar el movimiento obrero y darle una dirección para enfrentarlo. Estamos convencidos que la función de las bancadas del FIT tiene que colaborar en el desarrollo de esta orientación: desarrollar una alternativa política de los trabajadores que supere los límites del nacionalismo burgués (peronismo).

Para la próxima sesión se espera el tratamiento de la adhesión del Pacto Fiscal, acordado entre Macri y los gobernadores. Tenemos que impulsar una campaña entre los trabajadores para rechazar este pacto ajustador y contraponer una agenda propia.