Una nueva medida antipopular que afecta particularmente a trabajadores y jubilados apareció escondida en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2019, actualmente en proceso de consenso con los gobernadores oficialistas y “opositores”. Si se aprueba, se incrementará tanto la cantidad de trabajadores y jubilados que paguen impuesto a las ganancias como el monto que abonan los que ya aportan.

Es que en el articulado del proyecto de ley se plantea la eliminación de todas las exenciones que estén previstas en leyes nacionales o decretos y en las normas que regulan la actividad laboral, tales como los convenios colectivos de trabajo y toda otra convención o norma que establezca una exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto.

La disposición que pretende extender el impuesto al salario es de tal amplitud que incluye, entre muchos otros, a ítems tales como las diferencias por horas extras realizadas en feriados o fines de semana, los gastos de representación, los viáticos, la movilidad, los vales de combustibles, el desarraigo, la vivienda y toda otra compensación similar, cualquiera sea su denominación. Incluso se eliminarían las exenciones al material didáctico de los docentes.

Es un golpe muy grande para un segmento amplio de trabajadores ya que son ítems que están incluidos en muchos estatutos y convenios (además de leyes y decretos a nivel nacional y provincial) y que compensan esfuerzos o tareas realizadas por fuera de las condiciones regulares de trabajo.

Particularmente gravoso resultaría la aplicación para los trabajadores de regiones como la patagónica, donde distintos ítems compensan las características particularmente severas en las cuales se trabaja.

Sería un nuevo golpe que se suma a la disposición sobre las jubilaciones futuras para los trabajadores de la Patagonia que, por otra disposición del mismo proyecto de ley, se reducirían más de un 14%, por la vía de recortar el plus que cobran en las provincias sureñas por el mayor costo de vida.

En relación al impuesto a las ganancias, en el caso de los jubilados, el proyecto apunta a liquidar todas las exenciones que esté contemplada en leyes provinciales o en convenios laborales o profesionales que prevén el no pago del impuesto de manera total o parcial sobre los haberes.

Este golpe sobre los bolsillos de los trabajadores y jubilados ya había sido incorporado por el gobierno en el proyecto de Presupuesto del año 2018 y finalmente terminó siendo retirado en el marco de las negociaciones parlamentarias. Ahora, con la tutela del FMI y la voluntad explícita de los gobernadores de acompañar “la gobernabilidad” aprobando el Presupuesto 2019, el gobierno vuelve a la carga.

Esto, claro, mientras se mantienen exceptuados del pago de Ganancias los beneficios de las instituciones religiosas, así como tampoco pagan los jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial que, por esa razón, restarán al Tesoro nacional este año $9.854 millones, según estima el propio gobierno nacional en el mensaje que acompaña al proyecto de ley presentado por Dujovne.

El macrismo y los gobernadores de todos los pelajes se acomodan a los planteos del FMI y pretenden descargar las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Es necesario responder a esta ofensiva. Estos ataques no deben pasar. Los trabajadores y los jubilados tienen por delante una lucha común para enfrentar este ajuste y ponerle límites a la barbarie a la cual quieren llevar el oficialismo y la “oposición”.