La votación del Presupuesto 2023 en Diputados reabrió el debate respecto de quiénes pagan el Impuesto a las Ganancias, que en realidad revela cómo el Estado se financia costa de los trabajadores.

El gobierno montó un simulacro de pelea para que los jueces paguen Ganancias. La movida no prosperó por la negativa oficialista a dividir la votación para que la extensión del impuesto no afecte a todos los empleados judiciales, como propuso el Frente de Izquierda, lo cual hubiera permitido contar con los votos necesarios para gravar a magistrados y cortesanos. Sucede que en realidad la mayoría de los alcanzados por el Impuesto a las Ganancias son asalariados, cuyos ingresos apenas alcanzan a cubrir una canasta básica familiar y un gasto de vivienda o alquiler ($275.000 de bolsillo), ya que debido a la desactualización permanente del Mínimo No Imponible todos los años, los abrochados superan el millón.

Mientras tanto, el gobierno incluyó una serie de nuevos regímenes de excepción para varios sectores empresarios, que podrán descontar de otros tributos o tramitar la devolución del pago de Ganancias, especialmente en concepto de amortización acelerada. De este impuesto están eximidos además numerosos negocios especulativos, como los ingresos provenientes de la compraventa de acciones y títulos de valores que cotizan en bolsa, de las plataformas digitales sin establecimiento en el país, de bingos y casinos, mientras que las rentas generadas por acciones en el exterior solo tributan un 7% en lugar del 35%. También son privilegiadas las instituciones religiosas.

Un ejemplo más claro de quiénes cargamos con la presión impositiva es el IVA, el impuesto al consumo que reporta la tercera parte de la recaudación fiscal. Por él los trabajadores pagamos 1 de cada 5 pesos del precio de casi todos productos, incluyendo los esenciales para vivir como alimentos, artículos de higiene y medicamentos, entre otros. La inflación se torna una carga extra para los trabajadores en este tributo y es una herramienta que el Estado utiliza para aumentar los ingresos por esta vía. Sin ir más lejos, en Octubre el IVA creció un 110% interanual, muy por encima de la inflación y fue el principal factor que explicó el crecimiento de la recaudación impositiva mensual.

En este caso también hay empresas libres de cargos, como son las de educación y medicina privada, pero incluso en este texto pasan de los 3 regímenes especiales en 2021 (último Presupuesto aprobado) a 35 para el año próximo. Los capitalistas pueden tramitar la devolución del IVA por exportaciones, inversiones en algunos rubros, y hasta por locación de inmuebles rurales (los cuales tampoco computan para Bienes Personales). En octubre el Estado le devolvió $43 mil millones a exportadores en concepto de reintegros ($17 mil millones más que en el mismo mes del año anterior), es decir el 20% de lo que pagaron.

Al mismo tiempo, los otros impuestos que no gravan directamente al consumidor son trasladados al precio final de los productos, como es el caso de los que se aplican a los combustibles líquidos y dióxidos de carbono, que pagamos al precio del surtidor. El Presupuesto 2023 incluye un incremento en la tasa de Seguridad de Aviación que encarecerá los pasajes -en vísperas del mundial de Qatar-, y en el régimen especial de impuestos internos que la producción de electrónica y de electrodomésticos en Tierra del Fuego, donde la alícuota sube de un 6,55% a un 9,5% y, para que puedan aumentar sus precios de venta sin perder competitividad, suben en simultáneo los derechos de importación de estos productos del 17% al 19%.

Rigen además diversos mecanismos de reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, como las empresas de medicina privada que pagan solo la cuarta parte de los que les correspondería por cada trabajador. Esto cuando nunca se repuso la rebaja que fijó el menemismo en los ’90; se desfinancia a la Anses y se deprime a su vez la fórmula de movilidad jubilatoria, atada a la recaudación previsional. En cambio, para los monotributistas se incluye un incremento en el componente de sus aportes que van a las obras sociales, ya que éstas en muchos casos se niegan a aceptarlos y brindarles el servicio, algo que por ley no podrían hacer.

En paralelo el mismo Presupuesto estipula una serie de beneficios fiscales a patronales de diversos sectores. Es el caso del blanqueo a la construcción que se extendió a la compra de inmuebles usados (independientemente de que ya sean propietarios), y otro para que la pymes paguen sus importaciones; un caramelo a aquellos que declaren capitales en el exterior fugados oportunamente evadiendo al fisco.

Significativo es también el impuesto País que pagan los trabajadores sobre la compra de dólares, dentro del cupo de los U$S 200 mensuales, que es un 35% sobre el valor del dólar oficial (y al cual se le agrega un 45% a cuenta de Ganancias). En tanto, las patronales importadoras son las únicas que acceden a la cotización oficial, sin ningún impuesto, lo cual les permite hacer grandes negocios con la brecha cambiaria mediante el sobrestockeo y la sobrefacturación de sus compras en el exterior. Esto mientras se perpetúa la huelga de inversiones por parte de estos capitalistas. Por otra parte, para los exportadores la carga fiscal tampoco se incrementará.

Vemos que mientras el gobierno ajusta en educación, salud, asistencia social, salarios y jubilaciones y sigue destinando 1 de cada 10 pesos a pagar intereses de deuda, quiere cumplir con la meta fiscal del FMI sobre la base de incrementar la recaudación a costa de los trabajadores: estipulan que la misma crecerá un 78% respecto a 2022, muy por encima de la proyección oficial de inflación y de todas las partidas del gasto público que repercuten en las mayorías populares.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario y los gravámenes al consumo, y por tributos progresivos a las grandes rentas y fortunas capitalistas, está asociada a la lucha contra el programa fondomonetarista que acordaron el oficialismo y la oposición derechista. Es parte de las reivindicaciones que se plantean al movimiento obrero, cuando urge pelear por paritarias libres, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados e impuestos.