Políticas

19/9/1995|465

Presupuesto ‘96: El “dibujo” de un fraude

El proyecto de presupuesto que Menem y Cavallo acaban de enviar al Congreso  ha sido presentado como el “más austero desde la vigencia de la ‘convertibilidad’”. Se trata de una definición  curiosa, porque la “austeridad” no rige para los banqueros ni para los capitalistas.


Despilfarro


Los intereses de la deuda pública son el único rubro de todo el presupuesto que ha crecido entre 1995 y 1996: ha pasado de 3.800 a 4.400 millones, un incremento del 20%. Si se computaran los vencimientos de capital de 1996, la cifra alcanzaría los 9.500 millones de dólares (El Cronista, 12/9), lo que representa el 25% del presupuesto.


La “austeridad” tampoco rige para los subsidios. Los que reciben los exportadores –1.800 millones en 1995 (El Economista, 1/9)– aumentarán con el crecimiento previsto de las exportaciones, a lo que hay que agregarle la reducción de los aportes patronales por 2.700.


Luego de haber transferido la educación, la salud y la vialidad a las provincias, Menem-Cavallo reducen ahora todavía más las “partidas sociales”. Los gastos de la previsión social van a ser reducidos en 142 millones, lo que anula cualquier expectativa de aumento de los haberes jubilatorios y asegura la privatización del Pami.


Los gastos de “asistencia social” se reducirán en 61 millones; los de “vivienda” en 36 millones y los destinados al “agua potable” en 15 millones. “Ciencia y Técnica” verá reducido su presupuesto en 70 millones. Los gastos de “salud” quedarán prácticamente congelados en el actual nivel de derrumbe. En cuanto a la “educación”, se le recorta la mitad del aumento que establece la Ley Federal de Educación, es decir que se le sustraen 220 millones.


El presupuesto mantiene las reducciones salariales establecidas “provisoriamente” en 1995, que “redujeron significativamente los salarios respecto de 1994” (Ambito Financiero, 15/9).


En cuanto a las provincias, los “pactos fiscales” vigentes estipulan que recibirán 745 millones de pesos mensuales, una cifra similar a la de 1995 (pero menor a la de 1994); en consecuencia, las provincias acumularán en 1996 un déficit similar al de 1995 (3.000 millones) pero en condiciones de financiación extremadamente más difíciles (El Economista, 15/9). La privatización de los bancos y de las empresas de agua y energía de las provincias –que el gobierno nacional comprometió en su carta de intención al FMI de fines de agosto– está, por lo tanto, “contenida”en este presupuesto.


Esta “austeridad fiscal”, según precisa la economista Diana Mondino,  obligará a los trabajadores a “soportar un nivel de desempleo todavía más alto” (El Economista, 8/9).


Derrumbe


Sin embargo, “la fragilidad del presupuesto … es un claro síntoma de las dificultades del programa económico” (Carlos Abalo, en El Cronista, 14/9).


“El presupuesto reduce gastos pero no garantiza el equilibrio (porque) no está claro cómo se obtendrán los recursos para financiarlo” (Ambito Financiero, 15/9). La caída de los ingresos impositivos, como consecuencia de la recesión y del aumento de los subsidios a los capitalistas, pone en cuestión la viga central de la política de Menem-Cavallo: el pago puntual de la deuda pública.


El gobierno “presupuesta” un aumento de la recaudación del IVA del 20% en 1996, una cifra completamente irreal si se considera que, según la Cepal, “en el 96 la economía argentina tendrá un crecimiento nulo”, y que el gobierno debería reducir la alícuota del IVA del 21 al 18% a partir del próximo el 1º de abril. También “presupuesta” un crecimiento del 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias, sin importarle que “el valor del impuesto a las ganancias a pagar en 1996 se determina sobre los beneficios que empresas y familias han tenido en 1995. Y ya se sabe que, justamente este año, los beneficios han descendido en forma importante merced a la recesión” (El Cronista, 12/9). También es irreal el aumento del 0,1% presupuestado en la recaudación previsional; la reducción de los aportes patronales (2.700 millones) y la desocupación hacen prever, por el contrario, una caída vertical de los ingresos previsionales.


Todo esto ha llevado al economista Wálter Graziano a señalar que “de la lectura del presupuesto surge en forma evidente que lo que se intenta es clavar los gastos, dibujando los ingresos para que de alguna manera las cifras cierren, al menos en los papeles sin mostrar cifras de financiamiento necesario que resulten demasiado abultadas” (El Cronista, 12/9). Es decir, la “ley de leyes” es un fraude destinado a  ocultar la bancarrota de las finanzas públicas.


El “agujero fiscal” deberá ser cubierto con nuevo endeudamiento. En 1995, “el FMI aceptó algo que años atrás hubiera parecido sacrílego: que las cuentas fiscales se alejaran del equilibrio” (El Economista, 8/9): “pragmáticamente” (ídem), el FMI admitió un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares —a financiar con nuevo endeudamiento—, porque la alternativa era declarar la quiebra oficial de la “convertibilidad”. Lo que el FMI no destaca es que se llegó a ese déficit fiscal de 1995 después de haber dilapidado un paquete de “ayuda externa” de 8.500 millones de dólares … “una cifra que es prácticamente imposible de repetir en 1996” (El Cronista, 12/9). Los pronósticos más “optimistas” sostienen que, en el mejor de los casos, la “ayuda externa” que podría recibir Cavallo en 1996 no superaría los 5.000 millones de dólares.


“¿Cuánto déficit fiscal está dispuesto a aceptar el mercado de capitales sin que cunda el pánico entre los inversores externos?”, se pregunta El Economista (8/9). Para que no “cunda el pánico” entre los usureros,  ya hay quienes recomiendan, su propio “dibujo” de las cuentas fiscales: “superávit de caja del orden del 1,5% del PBI (3.300 millones) para cerrar las cuentas” (Wálter Graziano, El Cronista, 12/9).


El presupuesto de 1996 retrata, acabadamente, las perspectivas explosivas que abre el derrumbe del “plan” Cavallo.


El “déficit fiscal” puede transformarse en “superávit de caja” mediante la postergación de los pagos en los salarios y las jubilaciones, el alargamiento del período de pago a los proveedores, o la contratación de crédito a corto plazo (90 días), como lo autoriza la posibilidad de emitir letras de tesorería para la colocación de sus reservas por parte de los bancos (éstas se estiman en 1.500 millones de dólares). En una palabra, el “déficit fiscal o del presupuesto” se disimula mediante deudas cada vez más usureras y con mayores golpes a los trabajadores.