Solo en el primer semestre del año, la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires creció más de un 40%. Si el proyecto de ley de Presupuesto se aprueba tal cual está, la autorización para emitir deuda por más de $95.000 millones significará un incremento del 55% más. Si, a pesar del “efecto Trump”, se mantienen las previsiones del gobierno nacional sobre el tipo de cambio, la deuda bonaerense llegará en diciembre del año que viene a la friolera de 270.000 millones de pesos.

Dos tercios de la deuda pública se encuentran en moneda extranjera. La tendencia es ascendente: tres cuartas partes de la deuda contraída en este primer año de gestión fueron emisiones en el exterior, que llevaron la proporción de deuda en manos de bonistas extranjeros al 60% del total.

Lejos de una inversión productiva en base al “plan de obras más ambicioso de la historia”, la monumental deuda contraída por la Provincia será destinada en primer lugar a cumplir con los vencimientos de la vieja deuda y cubrir el rojo fiscal, lo que en total suma un dispendio de 70.000 millones de pesos.

Bicicleta financiera

Producto de las perspectivas de una guerra comercial, existe una carrera devaluacionista a nivel internacional. El gran capital industrial presiona para que Argentina siga el ejemplo, lo que llevaría a una multiplicación del peso de la deuda pública. A ello debe agregarse el encarecimiento del financiamiento internacional por la anunciada suba de tasas de la FED.

El gobierno de Vidal acopló al Estado provincial a la bicicleta financiera montada por el gobierno nacional, con un festival de deuda en el exterior y emitiendo Letras del Tesoro con las mismas tasas usurarias que el Banco Central. Muestra de que nada de ello se invierte productivamente es que en lo que va del año la actividad industrial en la provincia cayó un 4,7% y las exportaciones un 6,5%.

Lobby ajustador

En paralelo, se desarrolla un lobby del gran capital agrario de la provincia en pos de reducciones impositivas, siendo que aportan solo el 2% de la recaudación. La factura completa de este camino al default pretende ser descargada sobre los trabajadores, con topes paritarios del 17% y el ajuste presupuestario a la salud y la educación -que arrastran un estado crítico.

Los intendentes y legisladores peronistas negocian la aprobación de este rumbo a cambio de sillones en la Defensoría del Pueblo y la Suprema Corte. La burocracia de los sindicatos provinciales es un mero espectador del toma y daca de los ajustadores.