En una modalidad que se ha hecho usual y que pinta de cuerpo entero el funcionamiento de la Legislatura como una escribanía que despacha las leyes del gobierno, las dos cámaras sesionaron simultáneamente el martes 14 para sancionar exclusivamente el Presupuesto 2018, la Ley Impositiva y la modificación del Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal.

 

El contenido de dichas leyes profundiza en la misma dirección que se viene desarrollando. El Presupuesto reafirma un rumbo de endeudamiento que a término llevará a la Provincia a la quiebra. Sucede que la autorización que pide el gobierno de Vidal para tomar deuda por $85.000 millones se monta sobre un stock de deuda que ronda los $250.000 millones, y de los cuales dos tercios se encuentran en moneda extranjera. Esta deuda, lejos de ir a una inversión real, será destinada a cubrir el déficit fiscal previsto en 30.000 millones y los vencimientos que para 2018 suman unos 40.000 millones (atados a la valuación del dólar).

 

La garantía que el gobierno ofrece al capital financiero es el ajuste en regla contra los trabajadores, con un total de gastos solo 15% por encima de 2017. La variable del recorte son los trabajadores del Estado: se congela la planta en la administración y se contemplan 15.000 cargos titulares menos en la docencia, con la misma cantidad aumentando en cargos provisionales; a ello hay que agregar una pauta salarial del 14%, y despidos masivos en Ferrobaires y el Astillero Río Santiago, superando los mil trabajadores que perderían su puesto en cada caso. Este ataque brutal será impuesto también a los municipios con la nueva ley de Responsabilidad Fiscal, que en el artículo 7 establece que para recibir fondos de coparticipación y por demás conceptos los municipios están obligados a no incrementar la planta (ni permanente, ni temporaria, ni contratados).

 

Esta radiografía se da de patadas con la idea de una Provincia que crece y cuyo motor es el desarrollo de su infraestructura, como plantea Vidal. Si la deuda irá a pagar el déficit y los viejos vencimientos, el presupuesto para Infraestructura a su vez cae un 16%. Es la orientación que llevó a la peor inundación de toda la historia.

 

A su vez, el Presupuesto omite el acuerdo al que estaría llegando Macri con los gobernadores para asignarle al gobierno de Vidal nada menos que $40.000 millones, los cuales al no estar contemplados formarán parte de una caja que manejará a discreción. Lo que es seguro es que, con la ley de gastos ya aprobada, esos fondos no irán a aminorar el impacto de ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores, ni a una “reparación histórica del Conurbano”, sino que estarán a disposición de la cooptación de los intendentes peronistas, en un cuadro de desintegración del PJ.

 

Todo esto va coronado con una Ley Impositiva a la medida de la reforma regresiva que se impulsa a nivel nacional. La reducción de la recaudación por Ingresos Brutos (que baja del 75% al 66%) no se traducirá en un descenso de los precios que pagamos los consumidores sino que será embolsada como sobre ganancia para las empresas, y a su vez será cubierta con un incremento confiscatorio del inmobiliario urbano (que en ciertas zonas alcanza un 75%) y automotor. Todo esto mientras las exenciones impositivas crecerán un 40% y los grandes industriales se benefician con una reducción de la alícuota del 1,75 al 1,5.

 

Para este paquetazo contra los trabajadores el gobierno, envalentonado por el resultado electoral, ni siquiera esperó a que asuman los legisladores electos, lo que le hubiera dado una composición más favorable. Prefirió aprobarlo con los representantes de los intendentes de las distintas alas del peronismo, a sabiendas de su complicidad con esta orientación. Tan es así, que además del apoyo de los bloques del Frente Renovador, del GEN y de la mayoría del PJ, ganó el acompañamiento de casi la mitad del bloque Frente para la Victoria –en total, de los 36 diputados electos en su momento por las listas kirchneristas, 22 votaron a favor. En el recinto volvió a constatarse que lo único que “unifica” al peronismo es su subordinación al rumbo antiobrero de Vidal y Macri. El otro garante con que cuenta el gobierno es la burocracia sindical de los gremios estatales, que no ha movido un dedo.

 

La banca del Frente de Izquierda, que hoy ocupa Mónica Schlottauer (IS) votó contra este paquete de ajuste, como año a año lo venimos haciendo. Desde esa conquista, que renovamos con las elecciones de octubre y desde el 10 de diciembre volverá a ejercer Guillermo Kane, contrapondremos la necesidad de un plan de desarrollo industrial y de obra pública que se base en un impuesto progresivo a las grandes fortunas y el rechazo de la deuda usuraria, planteando una reorganización social sobre nuevas bases defendiendo el trabajo y el salario, la salud y la educación. 

 

El paquetazo de Vidal forma parte del plan de guerra que el gobierno ha emprendido contra los trabajadores con la reforma laboral y previsional que retroceden cien años de derechos conquistados, el Plan Maestro y el CUS que desmantelan la educación y la salud públicas. El Partido Obrero se encuentra en una fuerte campaña, discutiendo en los lugares de trabajo, con delegados y sindicatos, en pos de desarrollar un plan de lucha para derrotar esta ofensiva. Como escalones en esa dirección, pondremos todo en la marcha del 23 a la Gobernación -convocada en defensa de los puestos del Astillero y contra la reforma laboral- y por una masiva movilización obrera el 6 de diciembre a Plaza de Mayo. Esa es la oposición que tenemos que desenvolver los trabajadores.