04/11/2015 | 1388

Presupuesto provincial y de la municipalidad Córdoba: el ajuste en marcha


El gobierno de De la Sota envió a la Legislatura el proyecto de presupuesto que elaboró, según declaró, con el consentimiento del gobernador electo, Juan Schiaretti. Es un golpe al bolsillo de la población. Siguen vigentes la tasa vial (que grava los combustibles) y la postergación por seis meses del pago de los aumentos a los jubilados provinciales. La eliminación de ambas había sido prometida por Schiaretti (y todos los candidatos) en la campaña electoral. Las promesas han desaparecido más rápido que lo que tardaron en ser enunciadas. Un acuerdo de Schiaretti con Scioli o con Macri tiene la misma base: la liquidación del 82% móvil por la vía de la llamada «armonización» con el régimen jubilatorio nacional. Además el prepuesto plantea una aumento del inmobiliario urbano (con la actualización de los valores de catastro), del automotor y otros. Aunque en el presupuesto no figura el aumento de tarifas de los servicios que dependen de la autorización de la provincia (electricidad, transporte interurbano y agua), éstos saldrán luego por la aprobación del ente estatal que los regula.


 


El grueso de los recursos irá nuevamente al sostenimiento de una deuda usuraria que la provincia arrastra desde que Mestre (padre) primero y De la Sota después asumieron las deudas que los capitalistas dejaron como clavo a los bancos Social y Provincia, así como a la patria contratista beneficiaria de la licitación de los gasoductos troncales.


 


Los macristas también ajustan


 


Por el lado de la capital provincial, el macrista Ramón Mestre anunció fuertes aumentos en el transporte y en las tasas y servicios del municipio.


Mientras tanto, propone un aumento (en cuotas) del 23% para los trabajadores municipales, es decir, una reducción directa del salario real.


 


Mientras Mestre agradece la votación a Macri con un tarifazo, las empresas asociadas al gobierno municipal se quedan con las concesiones más lucrativas, como es el caso de Ersa (transporte) y Lusa y Cotreco (basura).


 


Rechazamos estos proyectos, reclamamos la derogación de las leyes que postergan a los jubilados y refuerzan los tarifazos, exigimos el congelamiento de las tasas y servicios y la apertura de las cuentas de las empresas ligadas al gobierno.


 


La burocracia sindical no ha abierto la boca cuando corresponde que las organizaciones obreras intervengan en el rechazo y la organización de la lucha contra el ajuste y por las reivindicaciones.