Políticas

22/9/2016

Presupuesto: sobreendeudamiento y superpoderes

Un ajuste contra la clase obrera en favor del capital financiero.


Prat Gay presentó la “ley de leyes” 2017 como “el presupuesto de la verdad”. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Para desmentirlo, dos días después, en la exposición de la Comisión de Presupuesto, el vice de Hacienda Pedro Lacoste dijo que, macroeconómicamente, es un presupuesto de “expansión” y de inmediato el de Finanzas, Luis Caputo, dijo que se trata de un plan de “ajuste gradual”. ¿En qué quedamos?


Efectivamente, como primera medida surge que a fines de 2017 habría 10 mil empleados estatales nacionales menos, lo que debe ser motivo de debate inmediato en ATE y todos los gremios estatales. En segundo lugar, fija una pauta salarial del 17% que -asociada a la negativa rotunda a la reapertura de paritarias 2016-, consagra una caída histórica del salario real, aun cuando fuera cierta la inflación prevista del mismo porcentaje, que por muchos motivos resulta inverosímil. Otro tanto ocurre con la jubilación, sobre la cual no se prevé ninguna otra mejora que no sea la movilidad automática, que este año 2016 perdió 13 puntos hasta el presente.


Aranguren, en el final de la audiencia pública del gas, ha convalidado nuestra denuncia. En 2017, las tarifas del gas (y, obvio, todas las demás) aumentarán como mínimo un 72%, lo que resulta del aumento en dólares de las tarifas y de la devaluación prevista del peso. ¿Cómo compatibilizar una inflación del 17% con semejante nivel de incremento tarifario? No hubo respuesta.


La emisión total de deuda prevista en las planillas entregadas es de u$s 55.000 millones, de la cual u$s 26.000 millones, son nueva deuda. La cifra tirada por Caputo de u$s 18.500 millones como “necesidad de endeudamiento” es engañosa porque se trata del financiamiento privado externo previsto. Buena parte de los intereses de los fuertes vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses a capital y en sus propias palabras “para los bonos en manos de organismos estatales –léase Anses y otros- la renovación será automática”. El colosal empapelamiento kirchnerista del Anses se seguirá ampliando y con ello, el carácter de “pagadios” de los papeles en manos de organismos públicos.


El stock de deuda nacional (provincias aparte) de u$s 247.000 millones, según reconocieron los funcionarios, se ampliará considerablemente. Pero, preguntados por esta bancada, cómo saldrán de la bomba de tiempo del déficit cuasi fiscal que generan las Lebac que suman más de 600 mil millones de pesos a altas tasas y de vencimientos trisemanales, lisa y llanamente no contestaron. Esto tiene una importancia capital, porque de allí se sale licuando con emisión monetaria y la inflación jamás sería un 17% -y el peso del negociado terminaría cayendo en la población mediante el impuesto inflacionario- o se emiten bonos de deuda del tesoro que ampliarían enormemente la deuda informada, violentando en ambos casos el presupuesto presentado.


Cuando Lacoste habló de “expansión” se refirió a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Desde el vamos el FMI no le cree y pronostica más del 5%. Pero de ese déficit, $247.000 millones van a intereses de la deuda, el resto en “gastos tributarios” -en su mayoría, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. Cero expansión, cero gasto social expansivo, cero gasto productivo. El déficit fiscal y la emisión monetaria espúrea alimentan el gasto financiero parasitario que ahoga la economía entera. De hecho, en estos días, se modificó el presupuesto de este año 2016 y se reasignaron partidas por más de $95.000 millones para pagar "intereses y comisiones" de la deuda pública, al tiempo que (se) amplió la emisión de Letras por US$ 700 millones (La Nación, 21/9).


Surge la pregunta: ¿cómo hicieron para semejante reasignación? Aplicaron los superpoderes del kirchnerismo. ¿Y para el 2017? Siguen los superpoderes, con un techo insignificante.


La presencia de la misión del FMI, al mismo tiempo que se trata el presupuesto es una operación de relojería. Vienen a ofrecerse de garantes de un curso sideral de endeudamiento que nos conducirá a un nuevo default y en el que ellos se presentan como rescatistas de última instancia, película conocida por los argentinos y por el mundo todo.


Los funcionarios tampoco contestaron de dónde se financiará la caída de la recaudación del Anses por la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias. Simplemente irá contra los jubilados y su movilidad.


El otro punto que no contestaron es cuántos trabajadores, jubilados y monotributistas están pagando ganancias hoy. Tampoco qué parte del 5,57% del PBI que reportará ganancias, según el presupuesto, corresponde a la cuarta categoría de ganancias.


No contestan porque está prevista una actualización del mínimo no imponible del 17% que deja intocado el famoso impuesto al salario y porque la modificación de la escala que presentarán no sólo es mínima sino que se “autofinancia”, o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro. Sigue la confiscación del salario por la vía del impuesto a las ganancias.


El presupuesto presentado es expresión de una crisis fiscal porque financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, ajusta contra los trabajadores estatales, es decir contra la educación, la salud pública, es absolutamente modesto en inversión en viviendas y desvaloriza salarios y jubilaciones. El financiamiento de la ley de los jubilados depende de un blanqueo que por ahora no funciona, para lo cual ya están vendiendo las acciones del Ansés, y, por sobre todas las cosas es un presupuesto a la medida del negocio del capital financiero internacional.


El movimiento obrero debe movilizarse en su contra.