Después de tres meses de movilizaciones, se cerró el primer capítulo de la histórica lucha de los trabajadores hospitalarios de Río Negro, que abarcó al conjunto de los hospitales de la provincia.

Los trabajadores obtuvieron algunos avances, especialmente los encuadrados en la ley 1.844 (no profesionales y contratados) de los hospitales de cabecera, que consiguieron un aumento del 40% de “disponibilidad horaria”, otro 40% en dos cuotas para las horas extras y el compromiso “de palabra” de que los 300 pesos en negro, de “estímulo” por la gripe A, se mantendrían más allá de diciembre.

El gobierno de Miguel Saiz (UCR) se opuso rotundamente a la incorporación de los 300 pesos de la gripe A al básico. Los aumentos otorgados se vinculan con las condiciones de superexplotación (guardias, horas extras, etc.) que sufren los compañeros de los hospitales de cabecera. De los veinte hospitales y las diez salitas de la provincia, apenas tres o cuatro concentran las derivaciones de buena parte de los pacientes, debido a la falta de personal, equipamiento e insumos del resto.

Saiz, la Interhospitalaria y la Junta de Cipoletti

Las medidas se levantaron tras una reunión de la Interhospitalaria con el gobernador. Saiz pidió a los representantes de los trabajadores que presentaran “proyectos”, que los legisladores tratarían (hipotéticamente) a la par del presupuesto 2010. Esto produjo una divisoria de aguas dentro de la Interhospitalaria. Un sector impuso el levantamiento de las medidas “para no perder esta nueva instancia”. Sin embargo, la primera reunión de la flamante “mesa de trabajo” se levantó sin pena ni gloria.

El epicentro de la gran lucha hospitalaria estuvo en Cipoletti. Su joven junta de delegados, electa hace apenas un año, jugó un papel de primer orden y colocó al hospital de Cipoletti a la vanguardia de todo el proceso. Incluso, esos delegados convocaron a dos marchas que reunieron 1.500 personas cada una, cosa que no se veía desde las movilizaciones por el recordado crimen de tres hermanas en 1997.

Ahora, los directivos del hospital se aprestan a castigar a los delegados mediante la no renovación de sus contratos, que vencen en diciembre, ante la indiferencia de ATE. Es necesario comenzar desde ya la lucha contra el desmantelamiento de la junta interna. ATE tiene la obligación de convocar a un plenario de delegados en defensa de los compañeros que se jugaron a fondo. Nuestro partido convoca a la ciudadanía democrática de la provincia a exigir el cese de los hostigamientos y la renovación de los contratos de los delegados.

Del mismo modo, es necesario desenvolver a fondo la lucha por un congreso de bases de los gremios estatales (hospitales, docentes, judiciales, programas, etc) para impulsar un pliego y una lucha comunes por el pago en término de los salarios y por un aumento del básico hasta alcanzar el costo de la canasta familiar.