El pasado 17 de agosto, el gobierno nacional anunció la entrega de casas en la isla Maciel en el marco del Programa Reconstruir. El mismo había sido lanzado en abril del 2021 (y reanunciado en plena campaña electoral) para terminar de construir 55 mil casas que el gobierno de Mauricio Macri había dejado incompletas, con un presupuesto asignado de 110 mil millones. Sin embargo, de las planificadas sólo se ejecutaron 9.500.

Se trata de 55 mil viviendas incompletas o ya aprobadas pero sin iniciar durante el periodo 2016-2019 para los distritos de La Matanza, Avellaneda, Merlo, Almirante Brown y Lanús. De ellas, menos del 20% se comenzó a construir, hay unas 10 mil planificadas y otras 6.600 que están esperando aprobación. El retraso es en todos los municipios mencionados; por solo dar un ejemplo, de las 84 que se deberían completar en la Isla Maciel, solo se entregaron 16. La primera gran tanda debería entregarse a principios del año que viene, en enero, pero todo indica que los plazos se van a extender.

Sin embargo, la ejecución del presupuesto prácticamente fue total, del 87%, y no hay partidas extras contempladas en el presupuesto 2022 del Ministerio que correspondan al programa Reconstruir, lo que demuestra que estamos ante una pantomima electoral de un gobierno que solo ha sabido profundizar los problemas habitacionales en el país. Según el informe de Indicadores de condiciones de vida de los hogares publicado semestralmente por el Indec, más de un millón de personas viven en hacinamiento crítico y casi la mitad de los habitantes en las ciudades no acceden a algún servicio o redes públicas de cloaca, gas o agua corriente. Además, el 27,8% de las personas que habitan los conglomerados urbanos son inquilinos u ocupantes, una cifra que aumentó en comparación a 2018, cuando eran el 27,6%.

En este sentido, los escasos planes que pusieron en pie no logran contrarrestar la magnitud del problema porque son insuficientes y se ejecutan a discreción, como evidencia la ejecución del presupuesto 2021 para vivienda y obra pública, estimada en 58,5% del total. De la misma manera, la promesa de Alberto Fernández al inicio de su mandato de inversión de 900 mil millones para políticas habitacionales se terminó por recortar en un 20% durante el 2020, mientras la gran mayoría de la población cumplía una estricta cuarentena en condiciones de hacinamiento y sin una vivienda digna. Por su parte, los programas de urbanización no logran alcanzar a los habitantes de las 4 mil villas y asentamientos precarios en el país. Para contrarrestar esto, el gobierno puso en marcha una serie de créditos escasos en los montos que entregan y en la cantidad, como ocurre con el programa Casa Propia, mientras existen 4 millones de personas con carencias habitacionales. Pero, sobre todo, es imposible para los trabajadores acceder debido a los bajos salarios que poseen y a la abundancia del trabajo precario e informal, que no les permite cumplir con los requisitos.

Es decir que el anuncio de este tipo de planes o programas terminan siendo una puesta en escena. Incluso en aquella oportunidad habían participado en el acto no solo el presidente Alberto Fernandez y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. También participaron Sergio Massa y los candidatos Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz. Es decir toda una comitiva para la entrega de casas, cuando lo habitual es unos pocos funcionarios. Sin embargo, era la primera aparición pública del presidente luego del escándalo de la Quinta de Olivos, por lo que el objetivo de los presentes era brindarle su “apoyo” y relanzar la campaña electoral de cara a las Paso.

Tampoco han brindado solución para los hipotecados UVA o al aumento desmedido de los alquileres en las ciudades, particularmente en la CABA, donde la venta de terrenos públicos con aprobación del kirchnerismo y el macrismo en la legislatura ha encarecido el precio del metro cuadrado y expulsado a cientos de miles de trabajadores y estudiantes que transitan su cotidianeidad en la ciudad. La campaña del “Sí a la casa propia” por parte de un gobierno que no tuvo reparo en desalojar a las familias de Guernica a través de la violencia y la represión es un fraude por donde se la mire. Quienes gobernaron las últimas décadas fueron amigos y cómplices de los negociados con la tierra, permitiendo el acaparamiento de las mismas en manos de unos pocos y hasta brindándoles el aparato represivo del Estado para defender sus títulos de propiedad.

Hoy en día es prácticamente imposible para una familia trabajadora acceder a una vivienda digna, con servicios básicos garantizados, en condiciones de salubridad y sin hacinamiento. Es por eso que planteamos un cese a los desalojos de todo el país y llamamos a la lucha por el derecho a la casa propia y vivienda digna. A su vez, el programa que planteamos implica la necesidad de crear un banco de tierras fiscales y ociosas para la construcción de viviendas populares, que venga de la mano de un censo que permita conocer cuales son las necesidades habitacionales y poder hacer una planificación de las edificaciones. Garantizarles servicios públicos de gas, agua de red y electricidad a toda la población con precios acordes a los salarios, así como la garantía de acceso a un crédito con cuotas no mayores al 10% del ingreso de los hogares. Este plan debe estar supervisado y bajo control de los trabajadores de la zona, y debe ser una propulsión del trabajo bajo convenio colectivo.