Políticas

21/7/2011|1186

Prontuario

Hace un año y medio, el gobierno publicó la nómina de “colaboradores” (buchones) empleados por el Batallón 601 de Inteligencia Militar bajo la dictadura. En ella figura el actual secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, en carácter de “agente de inteligencia” -con nombre, apellido y DNI. La nómina duerme en los cajones del juzgado de Ariel Lijo.

Martínez fue cooptado por los servicios de la dictadura antes de ingresar en la Uocra como empleado administrativo, cuando tenía 22 años. Durante el período en que se desempeñó como “service”, desaparecieron al menos 105 trabajadores de la construcción, de acuerdo con la Conadep. Uno de sus compinches, Horacio Barcos (de la seccional Santa Fe), fue recientemente condenado a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas de un dirigente docente y su esposa. Barcos revistió como “personal civil de inteligencia” entre 1976 y 1997, y también fue cooptado antes de su ingreso en el sindicato. Eduardo Daffunchio, el abogado de la Uocra santafesina, fue otro agente de inteligencia hasta 2009. La cúpula de la Uocra está infestada de servicios y buchones que infiltraron el sindicato a instancias de los mandos militares y sus servicios de espionaje contra el activismo. Hoy, esa “tradición” vive en el accionar sistemático de sus patotas contra los luchadores (¡Santa Cruz!).

La burocracia sindical de conjunto fue colaboradora de la dictadura. Buena parte de ella militó en las organizaciones parapoliciales de la derecha peronista y en la Triple A, y a partir de allí se encaramó en los sindicatos. El propio Hugo Moyano, a quien en el entorno de Martínez “vinculan” con la denuncia radicada en su contra (La Nación, 16/7), fue miembro de una de esas bandas, la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en Mar del Plata. Un caso emblemático -y largamente documentado- fue el del fallecido secretario general del Smata, José Rodríguez, quien entregó a toda la comisión interna de Mercedes Benz a las garras militares a cambio del 1% del precio de venta de cada vehículo. Jorge Triaca, Armando Cavalieri y una larga lista de burócratas, fallecidos en la impunidad o aún en pleno ejercicio de sus funciones, fueron colaboradores directos de la dictadura.

“El gobierno de los derechos humanos”, que encabeza Cristina K, jamás se pronunció sobre la participación de esos “dirigentes” -la mayoría de los cuales hoy acompañan al “modelo”- en la represión y el genocidio militar. No los ha condenado políticamente por sus crímenes del pasado ni tampoco por los del presente (Mariano Ferreyra).