Según las estimaciones realizadas a partir de la presentación en el Congreso Nacional del proyecto de Presupuesto 2019, la Provincia de Buenos Aires debería resignar al menos 37.000 millones de pesos por hacerse cargo de los subsidios al transporte, el agua y la energía, además de la eliminación del Fondo Sojero. El monto equivale prácticamente a toda la partida asignada para Salud en 2018.

Aun así, esta cifra podría multiplicarse teniendo en cuenta que, a partir de la devaluación, en julio se interrumpió el esquema de reducción de subsidios del Estado Nacional y pegaron un salto – comparado con julio de 2017– de 290% los de energía y 135% al transporte. Esto, mientras el gobierno de Vidal acaba de decretar un nuevo tarifazo en el boleto de colectivos y anunció otro de 24% en electricidad para octubre.

Este recorte cuestiona fuertemente la capacidad de pago de la deuda provincial. Por efecto de la devaluación, la deuda en moneda extranjera pasó de 190 mil millones de pesos a 380 mil millones, llevando el stock total de deuda a unos 440 mil millones de pesos. ¡El 85% de todo lo que recaudó la provincia en 2017! La capacidad de la administración provincial para hacer frente a tamaña hipoteca está más que cuestionada, si tenemos en cuenta que para el año en curso el Presupuesto 2018 preveía destinar $36.000 millones para la amortización de deuda, pero por la depreciación del peso la cifra se disparó a 71.000 millones, ¡el doble!

Si se cuentan los intereses usurarios, se ve que la capacidad de pago es incierta. Por ejemplo, en abril la Provincia emitió bonos por 30.000 millones de pesos a una tasa variable que estimaban que oscilaría entre el 25% y el 27%, pero por la inflación su rendimiento ya se aproxima al 40%, un negocio fenomenal para los especuladores.

La magnitud del ajuste que el gobierno de Vidal planea ejecutar para evitar la quiebra se enfrenta, de todas maneras, no a un problema contable sino a una crisis de fondo. No es menor que tanto los docentes como el Astillero Río Santiago, a los cuales Vidal pretendió doblegar para barrer con todas las conquistas laborales de los trabajadores del Estado, estén en plena rebelión. La decisión del gobierno de destinar 500 millones a un plan de contención social, a la postre gestionado por la Iglesia, es una muestra del temor del gobierno a un levantamiento popular; del mismo modo que el desembarco de otros 1.500 efectivos de Gendarmería y la Federal en territorio bonaerense muestra la preparación represiva ante los choques que se avecinan.

El plan de ajuste pretende golpear en puntos sensibles. El traspaso en curso de los comedores escolares a los municipios implica el progresivo desmantelamiento de un servicio que brinda al menos una comida al día a 3 de 4 alumnos de escuelas públicas, y donde almuerzan medio millón de chicos al día. Si a su vez se municipalizan las obras escolares, corren peligro de clausura cientos de establecimientos.

La pretensión de armonizar el IPS con el Anses para eliminar la movilidad y hacer de las jubilaciones una cuota asistencial forma parte del paquete, al igual que el vaciamiento de IOMA que a pesar de recortar sistemáticamente sus prestaciones se encuentra en una virtual cesación de pagos a proveedores, prestadores y trabajadores. La resistencia que ofrece el gobierno a las tenaces acciones de lucha de los trabajadores del Astillero es una muestra del intento de afrontar en forma inflexible los conflictos. Para eso recurre a la colaboración de la burocracia sindical y de la propia Pastoral Social. Pero el tiro puede salir por la culata, porque el humor popular es una verdadera olla a presión.

El default político que anticipa esta situación ha mostrado a más de uno abriendo el paraguas. Tanto Massa como intendentes peronistas piden que se habilite el desdoblamiento de las elecciones distritales, y al interior de Cambiemos hay sectores que hasta proponen separar la elección provincial de la nacional, para no atar la suerte de Vidal a la de Macri y allanar un acuerdo con el PJ bonaerense desligándolo de la presidencial. En la Casa Rosada rechazan de plano un desdoblamiento electoral, pero la especulación es la demostración de una tendencia al “sálvese quien pueda”.

Ante un gobierno políticamente quebrado que lleva a la provincia rumbo al default, trabajamos por una irrupción decisiva de la clase obrera que derrote este ajustazo, eche a los ajustadores y reorganice al país sobre la base del repudio a la deuda usuraria.