Duhalde ha dispuesto aumentar la edad jubilatoria de los estatales bonaerenses (de 60 a 65 años para los varones), incrementar los aportes (1%), llevar la jubilación a menos del 70% móvil, e invalidar la optatividad para aquellos trabajadores que tengan más de 10 años de antigüedad en el sistema pero que hubieran realizado mayores aportes en otros. El proyecto oficialista prevé la aplicación de un prorrateo para los trabajadores que estén próximos a jubilarse, desconociendo todo tipo de equidad y proporcionalidad de los aportes ya realizados.

Esta medida no es nueva dentro de las iniciativas gubernamentales. Ya lleva un año de vigencia la modificación de la Caja del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que con el voto afirmativo de todo el arco patronal, logró imponer a los trabajadores de ese sector el aumento de diez años en la edad, cinco en los aportes y eliminó el 82% móvil para pasarlo al 70%. También se aumentó el descuento mensual en cinco puntos más.

Es decir que con la excusa de querer “licuar el déficit de 65 millones de dólares” que según Duhalde tiene el IPS (Instituto de Previsión Social) y de esta forma “evitar que el mismo sea transferido al sistema nacional de Previsión Social de acuerdo al marco establecido por el pacto fiscal” (El Día, 10/11), se ha montado un chantaje para que los estatales bonaerenses renuncien a derechos adquiridos que deroga la ley 9650 y sus complementarias.

Pero la verdad es que el IPS es uno de los pocos sistemas saneados, ya que su déficit se debe a que el gobierno central no ha cumplido con el sistema de reciprocidad y porque —en menor medida— se están pagando comisiones por pagos fuera del ámbito bancario y se realizan erogaciones que no tienen ningún tipo de control por parte de los beneficiarios. Hay que tener en cuenta que la relación activo-jubilado es de 4 a 1 (560.000 contra 140.000), no existen posibilidades de evasión y como si esto fuera poco el aporte general es de un mínimo de 14% —un 40% superior al del resto de las cajas nacionales (10%).

 

El magisterio

Este engendro además de afectar a los estatales bonaerenses, promueve para los docentes un “mecanismo”  verdaderamente diabólico, ya que solamente se podrán jubilar si tienen 50 años de edad, 25 de aportes siempre y cuando se hayan desempeñado al frente de grados y no tengan tareas pasivas, de lo contrario se le realizará un “prorrateo” que los puede llevar a trabajar hasta los 57 años de edad.

Ante esto la burocracia sindical no ha bajado ningún tipo de posición, y sólo se ha limitado a publicar una solicitada “objetando la transferencia del IPS”, encubriendo de esta forma el objetivo principal del gobierno: el de sostener momentáneamente al IPS, pero poniéndolo a la altura del resto de las cajas nacionales, preparando el camino para una posterior privatización.

Llamamos a los trabajadores estatales bonaerenses, a los docentes, judiciales y municipales, a discutir un plan de lucha unificado por un salario mínimo de 1.200 pesos y contra la derogación del actual sistema previsional.