02/05/2021

Provincia de Buenos Aires: la política de la “muerte administrada”

Los anuncios de Kicillof.

Los anuncios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que esperó conocer antes las decisiones de la Ciudad de Buenos Aires, ratificaron una política que sólo puede producir un recrudecimiento de la pandemia. Mantiene las escasas medidas de control nacionales -que según los diarios habría criticado en su entorno por insuficientes- y la presencialidad de las escuelas (el centro de su polémica con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta) en la mayoría del territorio provincial: un universo de 10 millones de habitantes.

Los anuncios de Kicillof son una adaptación a la política de la oposición derechista que critica o, más bien, un blanqueo de posturas similares.

Kicillof aplaudió al jefe de gobierno Larreta por “aplicar una restricción a la escolaridad presencial para el secundario en la ciudad” (La Nación, 1/4) en las nuevas medidas anunciadas, incluso cuando ello es falso (sólo se implementa la bimodalidad: una semana presencial, una semana virtual). Esto se debe a que él mismo sostiene una presencialidad aún más desenfrenada, en 100 distritos bonaerenses. La de Larreta no es otra que la política de la “presencialidad administrada” del ministro de Educación Nicolás Trotta.

Un semáforo criminal

En el extenso dictado de distritos catalogados de riesgo medio por Kicillof (y por lo tanto con todo abierto, incluidas las escuelas), está por ejemplo el municipio de Chacabuco, con cientos de contagios diarios. El avance de la pandemia en esta localidad obligó al intendente Víctor Aiola a solicitar pasar a fase 2, e incluso suspender las clases presenciales. Chacabuco es la cara de todo el interior bonaerense.

En su conferencia de prensa, Kicillof agobió con los datos de contagios cada 100 mil habitantes utilizados para cerrar las escuelas, por ejemplo Chile (374). Pero el gobierno nacional y él mismo lo consideran recién a partir de los 500 casos, más del doble de lo planteado por la Sociedad Pediátrica Argentina para frenar lo que han definido como una de las variables más importantes para bajar la circulación del virus.

Esta política antisanitaria provocó -según sus propias palabras- que en un mes se cuadruplicaran “los casos de Covid y ocupó mil camas de terapia intensiva. Hoy estamos en 1.618 ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 en la región del AMBA. Tenemos un 76% de ocupación”.

Para los trabajadores, represión y chirolas; para las patronales, subsidios

Uno de los aspectos centrales de las medidas de Kicillof es la aplicación de severas multas para los que violen las restricciones, junto con la implementación de cierres y controles sanitarios en los accesos desde Capital Federal a la Provincia, como consensuaron entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nación. Es decir, medidas de represión, especialmente contra las movilizaciones piqueteras y las manifestaciones obreras en el territorio provincial.

El otro fue el anuncio de ayudas provinciales completamente insuficientes en un gasto total nuevo de 71 mil millones de pesos para afrontar la segunda ola –que sus asesores sanitarios y ministros de salud señalan será continuada por una tercera aún más mortífera- que complementan la también misérrima asistencia nacional. Se trata de la ampliación de cupos para comedores escolares (apenas 300 mil más, que sigue dejando a millones de chicos fuera de la asistencia alimentaria); de los programas escasos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (como Más Vida, centros juveniles y becas de niñez); y el incremento de la jubilación mínima en un 35%, cuyo carácter se desconoce y que significaría en el mejor de los casos alrededor de 7000 pesos extra o menos, para un universo de 31.000 bonaerenses.

Un aspecto estratégico de los controles será la persecución a los trabajadores no registrados para viajar en el transporte público, pero no habrá exigencia para que las patronales y las concesionarias del transporte inviertan en mayor cantidad de unidades y vagones y en el traslado de sus trabajadores.

La descripción referida por el gobernador de cuáles serán los ítems del gasto social, permite deducir que el grueso de esos 71 mil millones prometidos serán para los capitalistas bonaerenses, en Repros, créditos y subsidios.

El gobernador hizo un homenaje y saludó especialmente a las y los trabajadores de la salud, que dan la vida –reconoció- en esta verdadera guerra. Los trabajadores de la salud, que recién se inician, cobran salarios de $ 40 mil, y en hospitales municipales como el Larcade, hasta de 25 mil pesos.

“No podemos convivir con este nivel de muertes”

Kicillof ponderó la campaña de vacunación provincial que, según dijo, ya abarcó a 2,7 millones de bonaerenses, aproximadamente el 27 por ciento de la población adulta. Este nivel paupérrimo de vacunación lo presentó como la cara positiva de la situación.

En este cuadro de precariedad, desinversión, vaciamiento del sistema sanitario colapsado, con salarios de pobreza, ausencia de protocolos en las fábricas y empresas, sin cobertura social, ni posibilidad de changuear, la política de Kicillof y del gobierno nacional es la de administrar las muertes, no la de resguardar la salud de los argentinos.

Los gobiernos de la entrega al FMI y de la explotación y el hambre contra los trabajadores son completamente enemigos de solventar los recursos que exige esta pandemia feroz, que por el contrario utilizan para avasallar aún más las condiciones de trabajo, salario y de vida de la clase obrera, en resguardo de los intereses de la clase capitalista.

La responsabilidad de la burocracia sindical

Hace unas horas, los trabajadores de la UTA, autoconvocados, cortaron puentes y accesos en reclamo de vacunas. Enfrentan así la política de parálisis y de entrega de la burocracia repodrida de Roberto Fernández, secretario general del gremio. Pero lo propio ocurre con todos los gremios. Kicillof señaló, como gran ejemplo, a la docencia, que en la provincias de Buenos Aires fue vacunada apenas en un 40 por ciento. Sólo los sindicatos, seccionales y cuerpos de delegados antiburocráticos y combativos y los movimientos de desocupados piqueteros no cooptados que luchan hacen valer los protocolos sanitarios y/o salen a la lucha por la vacunación universal de los trabajadores.

Por un programa de salida

Está planteada la centralización del sistema de salud, bajo control de sus trabajadores; vacunación universal, bajo control del personal de salud; Intervenir el laboratorio mAbxience, ampliando su producción y disponiendo el envasado de las vacunas en el país; suspender las clases presenciales en los distritos donde el semáforo epidemiológico está en rojo (más de 150 casos cada 100 mil habitantes, acumulados en 15 días); computadoras, conectividad y wifi para todas/os lxs alumnas/os; salario mínimo de $60 mil; paritarias sin techo; por un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000. Por un aumento de emergencia de $15.000 a los jubilados.

   

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