La votación en noviembre del presupuesto bonaerense constituye una gran lección para la población sobre la orientación social de los distintos bloques políticos patronales. Fue votado en común por todo el FpV, incluidos La Cámpora y el Movimiento Evita, por el Frente Renovador, el sabbatellismo, los diputados de De Narváez y el Unen (UCR-FAP) un presupuesto de ajuste, endeudamiento y militarización. Se ha votado la reducción de las partidas de Educación y Salud en su proporción con respecto al total y con respecto a la inflación, mientras se ha multiplicado exponencialmente el gasto en policías y sigue creciendo el pago de servicios de la deuda y la previsión de tomar nueva deuda externa provincial.

El presupuesto aumenta un 66% el monto del Ministerio de Seguridad, destinada a la Bonaerense y sus satélites municipales, mientras día a día llueven denuncias por la implicación de la Bonaerense en delitos y zonas liberadas. Otro aumento importante es el del corrupto Servicio Penitenciario, que sube un 57%. El servicio ha sido denunciado por jueces provinciales como organizador de bandas de presos parar robar. Se habilitó en este marco el pago de intereses de deuda por 7.346 millones y tomar nueva deuda por 21.000 millones de pesos. Lo que crece con este presupuesto es la hipoteca sobre las condiciones de vida de los bonaerenses y la militarización para responder a las movilizaciones de los trabajadores y la juventud que puedan surgir de una mayor crisis social.

El ajuste tendrá un gran impacto en áreas que ya están en crisis como el Servicio Alimentario Escolar -que atiende a los comedores-, que este año excluyeron a medio millón de alumnos y pasa de un 0,8% del presupuesto a un 0,1. Infraestructura, a cargo de la obra pública en una provincia impactada por las inundaciones constantes en una gran cantidad de distritos tiene un presupuesto que aumenta menos que la inflación oficial, aunque de todas maneras este ministerio subejecuta sistemáticamente su presupuesto, volviendo a enviar año tras año gran parte de las obras proyectadas sin realizarlas. El presupuesto incluye entre sus ingresos los de la caja previsional del IPS, violando su autonomía, que legalmente destina sus fondos exclusivamente a los jubilados del Estado provincial. Como viene siendo costumbre en los presupuestos bonaerenses, no se prevé ninguna pauta de aumento salarial, como forma de condicionar a la baja las paritarias.

La ley impositiva, votada por el oficialismo junto a la UCR y el FAP, ha sido un impuestazo a la vivienda urbana del 30%, afectando a la vivienda única de la familia trabajadora. Mientras tanto, el impuesto inmobiliario rural se modifica en el cálculo de las alícuotas, dejando intacta la subvaluación astronómica de los terrenos rurales, que llegan a estar hasta 20 veces debajo de su precio de mercado.

Todo esto llevó al Frente de Izquierda a rechazar el presupuesto y denunciarlo públicamente. A pesar de ser el único voto en contra en la sesión, no fue un planteo solitario. Estos planteos fueron banderas de lucha del gran paro docente que acompañó la semana de votación del presupuesto, y de numerosas acciones de lucha y paros de los estatales de la provincia. Diputados centroizquierdistas del FAP y UP compartieron críticas al presupuesto, para luego negociar el voto a favor o ausentarse de la sesión. El supuesto progresismo muestra su divorcio total de cualquier vínculo con la lucha de los trabajadores y explotados. En plena huelga por reapertura salarial de los docentes, crisis de los hospitales públicos y nuevas inundaciones por falta de obras, habilitan el presupuesto de Scioli en nombre de la gobernabilidad. Lo mismo vale para los kirchenristas “críticos” como el Movimiento Evita que organizan “marchas de la gorra” y organizan el voto para la multiplicación del presupuesto de la Bonerense. Una impostura.