Los proyectos de Presupuesto 2017 y de Ley Impositiva que ha enviado la gobernadora Vidal a la Legislatura bonaerense profundizan una política de endeudamiento colosal y de ajuste contra los trabajadores y las necesidades básicas de los bonaerenses, mientras reproducen una estructura impositiva enteramente regresiva.

Hipoteca

El monto total del endeudamiento solicitado supera los 94.000 millones de pesos, equivalentes a casi la quinta parte del total del Presupuesto. De ese monto, casi 70.000 millones serán destinados a cubrir el déficit fiscal y al pago de deuda pública con vencimiento en el año próximo. Un artículo publicado en La Nación (23/10) estima que a este ritmo en diciembre la deuda provincial alcanzará los $200.000 millones, para llegar a los $270.000 en 2017. Un agravante son las altísimas tasas de interés con las que se colocaron este año bonos por 3.000 millones de dólares en el exterior, que llevan a duplicar el monto al momento de su vencimiento, multiplicando a su vez el peso sobre las arcas provinciales por la devaluación.

¿”Llegaron las obras”?

Este megaendeudamiento está destinado a sostener el déficit y renegociar una deuda impagable, de ninguna manera al desembarco de obra pública que promete Vidal desde su asunción. Muestra de ello es que, según las proyecciones oficiales, sólo se ejecutarán este año dos tercios de lo presupuestado para obras en 2016. La subejecución de partidas desmiente la campaña oficial. Mientras vuelven a presupuestarse para el 2017, esos fondos fueron utilizados a discreción para otros fines, con el respaldo a su vez de la Ley de Emergencia en Infraestructura que le permite evadir controles y saltar licitaciones.

Esta metodología fue denunciada por la banca del Frente de Izquierda-Partido Obrero PO-FIT al momento del tratamiento del Presupuesto 2016. Entonces los recursos fueron subestimados en más de 45.000 millones de pesos. El dibujo de la llamada “ley de leyes” es una “herencia” de la cual los macristas tampoco pretenden deshacerse.

Ajuste a los trabajadores y beneficios al  gran capital

El pato de la boda de este rumbo al quebranto lo pagan los trabajadores. El Presupuesto no contempla siquiera el pase a planta de uno solo de los más de 17.000 precarizados que trabajan en el Estado. La pauta salarial prevista es de un 17%, lo que intentará regimentar a los sindicatos para imponer techos a la baja en las paritarias. A su vez, seguirá la confiscación de los fondos del IPS vía apropiación de excedentes –otro legado de Scioli–, que ya supera la friolera de $17.000 millones.

Mientras tanto, por quinto año consecutivo se reduce la proporción de las partidas destinadas a Salud y Educación (este último ítem pasa del 27,4% del total a un 24,3%), profundizando la enorme crisis que padecen ambas áreas. Como contraste, los establecimientos educativos privados son premiados con exenciones impositivas que superan los 860 millones de pesos.

Otra dependencia afectada por el ajuste es el Instituto de la Vivienda, cuyo presupuesto se reduce un 8%. Esto, en medio de una crisis habitacional estimada en un millón de hogares y de una proliferación de ocupaciones de terrenos por parte de familias sin techo, que solo recibieron del gobierno una decidida política de desalojos y represión.

La contracara de este ajuste es un régimen de exenciones impositivas al gran capital. De los 15.600 millones de pesos contabilizados por este concepto, la mayor parte corresponde a beneficios a la gran industria. Por otra parte el inmobiliario rural, que tributa la gran burguesía agraria, representa solo un 2,1% de la recaudación provincial, contando con las tierras más fértiles del país y gozando de los beneficios de la devaluación y la baja de las retenciones. El peso de la estructura impositiva de la Provincia descansa sobre la actividad económica (Ingreso Brutos representa el 73% de la recaudación), que se traslada a los precios que pagamos los consumidores.

Rosca

Las negociaciones entre Vidal, el Frente Renovador y los bloques del PJ para la aprobar el Presupuesto no tienen nada que ver con los graves problemas que afectan a los trabajadores de la provincia. El massismo se juega obtener nuevas concesiones a cambio de sus votos, como retener la presidencia de la Cámara de Diputados, y compite con los bloques peronistas por ocupar vacantes en la Defensoría del Pueblo, la Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas. Fue en medio de estas negociaciones que el Frente Renovador logró que Cambiemos votara la Ley de Paridad de Géneros en la Legislatura, que utilizaron para el lanzamiento de la candidatura de Malena Galmarini. Las versiones acerca del posible nombramiento en un alto cargo del Banco Provincia al ex intendente kirchnerista de La Plata, Pablo Bruera, van en la misma dirección.

Los trabajadores al frente

Contra este régimen de acuerdos a la carta en pos de la gobernabilidad para imponer el ajuste, debemos movilizarnos para rechazar este Presupuesto que agrava la quiebra provincial y descarga ese costo sobre los trabajadores. Impulsaremos la deliberación de un plan de acción desde las posiciones conquistadas en los sindicatos. Nuestra banca en la Legislatura estará a disposición de esta pelea, con una primera cita en la audiencia contra el derrumbe educativo junto a los Suteba combativos y centros de estudiantes de la provincia, el 8 de noviembre.

Por un salario igual a la canasta familiar y el pase a planta permanente de todos los precarizados. Por la devolución de los fondos al IPS y el 82% móvil para los jubilados. Por un plan de obra pública y de vivienda discutido y fiscalizado por los trabajadores, en particular los de la Salud y la Educación. Por la eliminación del impuesto a la vivienda única y un régimen de impuestos escalonados sobre el gran capital. Por el no pago de la deuda usuraria. Movilicemos contra el ajuste de Vidal y los intendentes.