20/03/2014 | 1306

Proyecto de De La Sota contra el derecho de huelga

A través de sus legisladores más destacados, De la Sota ha presentado en la legislatura un proyecto para limitar las huelgas en los servicios que designa como esenciales. El proyecto obliga a prestar servicios durante las medidas de fuerza y a notificarlas con al menos 48 horas de anticipación al Ministerio de Trabajo.

Criminaliza la protesta social, pues establece hasta 30 días de arresto por el incumplimiento de la ley. Esto es cárcel a los luchadores.
El ataque no busca «garantizar el acceso de la población a los servicios esenciales» como proclaman los autores del proyecto, sino todo lo contrario: atacar la lucha de sus trabajadores, que son los que defienden la educación, la salud y el transporte de la destrucción que ejecutan los gobiernos capitalistas sin pausa. Son los médicos y enfermeras los que con sus huelgas han enfrentado el vaciamiento del hospital público. Son los docentes quienes defienden la educación pública en permanente retroceso. Son los choferes los que denuncian y reclaman contra el vaciamiento que hacen los empresarios del transporte.

La ley ataca a los trabajadores y protege al Estado y las empresas concesionarias de los servicios, quienes mediante el vaciamiento, el desfinanciamiento y salarios de miseria, atentan contra la posibilidad de acceso de la población.

Diego Mestre, de la UCR y del gobierno municipal de Córdoba, acaba de presentar en el Congreso Nacional un proyecto para declarar al transporte público servicio esencial y limitar el derecho a huelga. Mestre es quien robó, con el apoyo del gobierno y el poder judicial, la banca que correspondía al Frente de Izquierda por Córdoba. Ahí están la razones.

El proyecto ha provocado un enorme repudio en el movimiento obrero, apenas fue conocido, pero Pihén, el secretario general de la CGT, que es también legislador oficialista, se ha empeñado en frenar una reacción con el argumento de que el proyecto de su bancada no es del gobernador. Estamos frente a la evidencia de que la burocracia sindical forma parte del complot para imponer esta violación al derecho de huelga.


Eduardo Salas

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