El gobierno tuvo un sentido de la oportunidad para anunciar su proyecto de financiamiento político que reestablece el aporte empresario a los partidos y las campañas electorales.

 

Ocurre que el anuncio oficial coincidió con la divulgación de la información de que la constructora brasilera Odebrecht realizó aportes a las campañas electorales de Macri, Scioli, Massa y Stolbizer. Aunque la ex candidata de Progresistas y hoy aliada de Massa negó haber recibido dinero de esta empresa, no dejó de llamar la atención que justo antes de que conozca la información ella había realizado una distinción entre las “coimas” y los “aportes”.

 

El affaire Odebrecht alcanza para clarificar los objetivos del proyecto oficial. Este, en realidad, no pretende modificar el financiamiento político sino sólo legalizar la situación existente. Es sabido que las campañas electorales de los partidos del sistema han costado en el 2015 unos 1.000 millones de pesos cada una. Se trata de una cifra que multiplica por 10 o 20 a la que éstos partidos recibieron del Estado y los fondos de campaña declarados. La diferencia varias veces millonaria fue aportada de manera ilegal por los principales empresarios instalados en el país, a cambio de una ´contraprestación´. En el caso de Odebrecht esta contraprestación era el gran negocio del soterramiento del Sarmiento, al que estaba asociada una constructora vinculada a la familia Macri (Calcaterra). Para disimular su participación, la empresa brasilera realizó sus aportes a través de Braskem, que es la compañía del holding Odebrecht para el mercado petroquímico y tiene una filial en la Argentina.

 

Así las cosas, la ley de financiamiento de la política no es otra cosa que un ´blanqueo´ del financiamiento de los Odebrecht y compañía a los partidos y sus campañas electorales. Detrás de la necesidad de reconocer una situación ya existente se pretende echar un manto de impunidad al financiamiento ilegal recibido por las fuerzas políticas en los últimos años. Es necesario hacer notar que a pesar de que los fondos empresariales financiaron las campañas de los partidos del sistema, no ha habido hasta el momento ninguna investigación judicial dedicada al tema. Será porque el Poder Judicial encuentra financistas en el mismo sector.

 

Con seguridad, la legalización del financiamiento privado vendrá de la mano de la posibilidad de las empresas de deducir los aportes realizados del pago de sus impuestos. Ya es lo que sucede, por ejemplo, con las donaciones a las ONGs. De este modo, el aporte privado terminará siendo costeado por el Estado, que dejará de percibir parte de los impuestos. Tendremos así una privatización de la política pero realizada con fondos públicos.

 

La legalización del aporte privado es sólo una parte de los beneficios que tendrán los partidos defensores del sistema. A esto hay que sumarle la utilización de los fondos públicos por quien detenta el control del aparato estatal y el apoyo de las empresas que manejan los medios de comunicación. Se conforma así un régimen político cuya fachada democrática no puede disimular que está bajo la égida del capital.

 

Denunciamos el proyecto oficial y su objetivo pérfido de ejecutar un nuevo blanqueo, esta vez a los financiados por los Odebrecht. Queda claro que la democracia política es incompatible con un régimen que funciona mediante la apropiación de la riqueza por una minoría parasitaria.