Poco después de que el ministro de Gobierno Diego Larreguy negara en la Legislatura que la policía hubiera utilizado munición de plomo durante la represión que siguió al crimen de Diego Bonefoi y sugiriera que las balas que mataron a Cárdenas y Carrasco partieron de los propios manifestantes, el gobierno de Saiz se vio obligado a echar lastre. Tuvo que reconocer el uso de armas letales, iniciar sumarios a entre 6 y 16 policías por los abusos cometidos y pasar a disponibilidad al jefe de la Regional III y a su segundo, luego de haberlos sostenido durante un largo mes.

En un comunicado oficial firmado por Larreguy, el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía, el gobierno recrimina a Hermosa por no haber cumplido “las instrucciones dadas” y sostiene que pudo establecerse “con entidad suficiente” que “personal policial habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados, sin haberse podido determinar su utilización en las tareas de contención y disuasión” de la pueblada, pero admite que las lesiones “que habrían provocado el deceso de los ciudadanos (Cárdenas y Carrasco) presumiblemente se correspondían con perdigones disparados por armas largas utilizadas por empleados policiales” (Página/12, 22/7). Por otro lado, los 120 efectivos que participaron de la represión fueron citados a declarar en el marco de la investigación judicial. Además de tirar a matar, en el expediente se encuentra acreditado que muchos de ellos actuaron con el rostro cubierto. A esto hay que sumar los heridos y las torturas sufridas por Mario Cayún y los detenidos durante la represión, así como las persecuciones posteriores contra Marina Schifrin, Marcos Huenchullan y otros activistas.

Las denuncias y movilizaciones descorrieron el velo oficial sobre esta masacre inocultable y ahora el gobierno de Saiz intenta cortar los hilos que llevan al poder político, descargando responsabilidades sobre sus subordinados. Resulta que la cúpula del gobierno estuvo presente en la región (entre Bariloche y El Bolsón) mientras los policías y los agentes del grupo de choque Bora disparaban plomo a mansalva contra la barriada indignada.

Un gobierno en la picota

El intento del gobierno de lavarse las manos realimentó la crisis política. El comisario desplazado todavía debe declarar ante el juez, pero respondió por los medios que “en estos casos, las responsabilidades son compartidas entre los mandos superiores y los mandos medios”, que la suya era una responsabilidad “netamente operativa”, que el día de los hechos estuvo “acompañado permanentemente” por el jefe de la policía provincial y que “también estuvieron en Bariloche el ministro de Gobierno y el secretario de seguridad”.

La desmoralización del gobierno de Saiz es patente. El jefe de la cámara de turismo (Emprotur) “no ocultó su decepción por la confirmación de la utilización de balas de plomo durante la represión” (El Cordillerano, 23/7).

Un mes y medio atrás, Saiz pretendía reformar la constitución provincial para perpetuarse. Ahora, se consuela con al menos incidir en su propia sucesión. La camarilla de Saiz ingresó en la etapa de “default político”.

Castigo a los culpables

El “giro” del gobierno apunta a auto eximirse de toda responsabilidad política sobre la masacre. El cambio de cara en la jefatura policial pretende preservar intacto lo fundamental de un aparato represivo corrupto y criminal.

El Partido Obrero y la UJS planteamos impulsar comisiones contra el “gatillo fácil” y el abuso policial en barrios y colegios, por el castigo a los responsables de éste y demás crímenes contra los trabajadores y la juventud.

¡Que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos represores!