En la jornada del día jueves 30 de junio, al reanudarse el debate en la causa principal por la masacre de Avellaneda, el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora informó a los presentes que había sido contestado el oficio solicitado por las partes querellantes para la efectivización de la apertura de los archivos de la Side relacionados con la causa, dispuesta por el Decreto presidencial Nº 538/05.

Se informó que la Secretaría de Inteligencia del Estado, en la persona del Dr. Gándara, ha respondido que se enviará en total un compendio de más de 140 fojas aproximadamente, pero que dicha información sólo podía ser leída por los abogados de las partes, no pudiéndose tomar nota alguna de su contenido y advirtiendo acerca de las responsabilidades penales respecto del uso de dicha información. Frente a ello y luego de un cuarto intermedio, las querellas de las familias Santillán, Kosteki y las de los heridos acordaron peticionar ante el Tribunal que se autorizara el uso de la información durante la audiencia de debate, en el interrogatorio a los testigos, la posibilidad de su exhibición a los testigos, en los alegatos y que de igual forma pudiese ser considerada en la sentencia. Asimismo, que ante la vulneración de derechos constitucionales concretos, el Tribunal ejerciese el control constitucional respecto de dicha norma restrictiva.

Como ya se señaló desde estas páginas, al momento de oficializarse el decreto presidencial, la medida basada en las restricciones de la Ley Nacional de Inteligencia no pasa de ser una “cortina de humo” de carácter demagógico y contribuye a un nuevo capítulo de impunidad y encubrimiento por parte del gobierno nacional. Al igual que en el caso Amia, los archivos secretos del Estado (que potencialmente podrían llegar a ser una prueba clave en la imputación al ex presidente Duhalde, al gobernador Solá y al resto de los funcionarios autores intelectuales y políticos del plan represivo) seguirán conservados en el marco del secreto, la confidencialidad y el manejo discrecional del Estado y el gobierno. Tan groseras y bochornosas son las condiciones de efectivización del decreto presidencial que, como se aclara más arriba, el mismo uso por parte de las querellas de la información emanada de los archivos secretos del Estado ¡puede ser castigado penalmente!

Para cuando esta edición de Prensa Obrera esté en circulación, el día jueves 7 de julio, los principales responsables políticos de la masacre, Eduardo Duhalde, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasof, Horacio Jaunarena, Hugo Miranda, Carlos Ruckauf, entre otros tres testigos más, deberán presentarse a declarar.

El próximo lunes 11 de julio será el turno del presidente Néstor Kirchner, Carlos Vila, Jorge Vanossi, Felipe Solá, Jorge Matzkin y Juan Pablo Cafiero.

Planteándose un nuevo capítulo de la crisis política expresada en la interna del PJ, con la oficialización de la candidatura de “Chiche” Duhalde, las declaraciones en la causa de su esposo, Kirchner, Juan José Alvarez y el resto de los funcionarios responsables pueden llegar a ser determinantes no sólo en el desarrollo del juicio por la causa principal de la masacre del 26 de junio de 2002, sino en la escena nacional marcada por la crisis política.