06/01/2022 | 1635
Editorial

Que no se corte

Arrancó 2022 con grandes luchas ambientales.
movilizacion ambiental atlanticazo

Foto: Juan Diez @ojoobrerofotografía

Si alguien caracterizaba la ausencia de los gobernadores de Juntos por el Cambio en la reunión de este miércoles con Guzmán como una diferencia sobre el rumbo económico a tomar, Gerardo Morales se encargó de anular esa interpretación. Finalmente, el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR arregló con Alberto Fernández que los mandatarios opositores se juntarán con el ministro de Economía a principios de la semana que viene. Los bloques políticos no están para nada exentos de crisis y grietas internas, y la oposición de JxC va a querer que el gobierno pague el mayor costo político de gestión posible, pero, como afirmó el propio Morales, “jugar a las escondidas con el tema de la deuda es una pendejada” (Infobae, 4/1).

Acuerdos de “Fondo”

El régimen político no está dispuesto a un no arreglo que, más allá de las diferentes versiones sobre sus detalles, tiene al FMI firme en sus exigencias: devaluación (40%, por lo menos), ajuste fiscal (recorte a la asistencia social, tarifazos) y aumento de la tasa de interés. La cuestión energética parece haber agregado un asterisco más al contrato. El aumento del gas licuado a nivel mundial (180% entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021) puede hacer que el Fondo pida más aumentos de tarifas porque la baja de subsidios no alcanza (El Cronista, 4/1), o bien acentúe la atención en otras medidas de ajuste que compensen tal situación.

Los tarifazos (quizá más altos de lo que se pensaba) se harán sobre un servicio en crisis y colapso, que en época de fiestas dejó a 21.000 hogares sin suministro en el AMBA (mientras esta nota se escribe, de hecho, 4.500 establecimientos siguen sin luz). El colapso alcanza no sólo a la luz sino a la provisión de agua potable, que escasea en el conurbano y en gran parte del interior. Son las consecuencias de seguir durante años una política de concesión que fomentó el vaciamiento y la desinversión con subsidios estatales. Las multas a Edesur son irrisorias, menos de 96 pesos por cada cliente.

Es un episodio más que demuestra la necesidad de abrir las cuentas de esas empresas para verificar el desfalco de los fondos públicos. Esa medida debería ser acompañada por una estatización bajo control obrero, para que estén esos recursos al servicio de los que trabajan y no de las cuentas bancarias de esos empresarios.

Los discursos derechistas que buscan instalar que con los aumentos pueden venir de la mano mejores servicios no son más que propaganda trucha, porque no habrá más inversión sino aumentar el peso del gasto en los clientes. Es solo descargar la crisis sobre los trabajadores. Como pide cualquier acuerdo con el Fondo.

#TesteateEnCasa

Lo que también se corta (como la luz) son los testeos. Y eso ocurre en un momento de avance de la pandemia, no solamente por los más de 96.000 casos del pasado miércoles, sino también por el margen altísimo de positividad: más de la mitad de los testeos realizados.

Este avance se traduce en colapsos de los centros de testeos, cuya demanda aumentó entre un 300 y un 400% en las últimas semanas. No es casual: a fin de año, el gobierno de Kicillof despidió personal de salud de la “Campaña contra el Covid-19” en la provincia. Esta política no es patrimonio exclusivo de esa jurisdicción: Larreta viene de despedir, en septiembre pasado, a 1.000 enfermeros y enfermeras. Las situaciones de colapso derivan en un personal agobiado y expuesto como nunca al contagio.

Ante esta situación, tanto Carla Vizzoti (Nación) como Fernán Quirós (Ciudad) empezaron a promover los “autotest”, que cuestan más de 2.000 pesos. También el “autoaislamiento”, que se desliga del problema del testeo en tanto gobierno.

Una mayor propagación del virus llegó en un momento en el que se aplica lo dictado en el Presupuesto (no votado, finalmente) que planteaba un recorte en el área sanitaria de por lo menos el 13%. El FMI no es salud.

No culpes a la playa

El fin del año 2021 e inicios del año entrante trajeron consigo un despertar del movimiento ambiental. Al “Chubutazo” contra la megaminería a cielo abierto le siguió, esta semana, el “Atlanticazo” contra la explotación petrolera en la costa marplatense.

Las iniciativas que depredan el ambiente para favorecer al capital son una política de Estado, en tanto el gobierno necesita divisas no precisamente para el desarrollo del país sino para pagar la deuda y arreglar con el FMI. Por eso no es casual el coro de voceros progubernamentales que salieron en medios y redes sociales a atacar al “ambientalismo bobo o snob”, al que calificaron de responsable de la pobreza y el atraso del país.

La cuestión requiere la examinación de varios puntos. Como explicamos ya en Prensa Obrera, este tipo de actividades como las que se quiere implementar en la Costa Atlántica están prohibidas en países como Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda o Groenlandia. Las ondas sísmicas que conlleva el accionar de las plataformas pueden alterar la fauna marítima, generando grandes problemas a los ecosistemas del mar. La “levedad” del impacto solo existe en los informes realizados por el bufete de abogados de Equinor, empresa que se encargaría del proyecto, socia de Shell y de la “S.A.” de YPF.

A su vez, los riesgos de cualquier fuga son inmensos. En el golfo de México, por ejemplo, la contaminación avanzó más de 2.000 kilómetros, por lo que la distancia de 400 km que las plataformas tendrían con la playa no parece ser un argumento sólido. Pero, más allá de eso, ninguno de los detractores ambientales puede demostrar cómo, luego de décadas con soja transgénica, glifosato, megaminería, o fracking, el país no solamente tiene serios daños ambientales (al día de hoy hay incendios fuertes en once provincias del país), sino que además está lejos del “progreso” que ellos mismos prometen, con un atraso económico inmenso y una pobreza que alcanza el 43% de la población. Las ganancias de la expansión “productiva” del gran capital agrario, minero o petrolero van a la fuga de capitales o al pago de la deuda externa.

Como en Chubut

Los recortes en salud (puestos al desnudo con la nueva propagación del virus) y el ataque ambiental son producto de una política de saqueo en pos de llenar las arcas y las cuentas bancarias del capital financiero y el FMI. Los cortes de luz, a su vez, ponen de manifiesto un esquema energético en crisis, al que se le quiere agregar un aumento de tarifas a los ya ajustados bolsillos de la clase trabajadora.

Para revertirlo, hay que hacer como en Chubut. Que la lucha no se corte.

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