Una crisis envuelve desde hace tiempo al movimiento de Trabajadores Autoconvoncados de la Salud. Un sector de delegados de diferentes hospitales –alineados con el justicialismo disidente, la Iglesia, la CTA y el centroizquierda (MST-PCR), además del patrocinio del Fesprosa– anunció la formación de un sindicato, el Sitas, al que presentan como el paso a un nuevo modelo sindical basado en la democracia sindical, en la revocación de los mandatos y otras yerbas.

Es todo un macaneo y un manijazo de un bloque que se ha caracterizado por su política de colaboración de clases y sus métodos burocráticos. Los últimos plenarios interhospitalarios no dieron mandato para formar ningún sindicato, sino para definir la representatividad en el movimiento (hasta ahora era de un voto por cada centro de salud, así tenga 50 trabajadores o 1.000). O sea que se pretendía eliminar el sistema de voto calificado, que distorsionaba el funcionamiento democrático del movimiento –una cuestión clave para fortalecer el proceso de lucha contra el gobierno. Enfrentando estas decisiones, el bloque burocrático-conciliador apresuró los pasos para imponer como un hecho consumado la formación de un nuevo sindicato. El gobierno no es ajeno a esta decisión. Ha saludado que los autoconvocados se decidieran a formar un sindicato, sosteniendo que es la condición para poder sentarse a discutir el salario y los demás reclamos. Sin embargo, el año pasado usó el mismo argumento, pero la presión de la lucha lo obligó a negociar y firmar un acta-acuerdo que reconoce explícitamente al movimiento y donde se comprometía a convocarlo a paritarias.

El gobierno está explotando la división en el movimiento y el retroceso que está provocando este hecho en el proceso de lucha. Por eso ha salido a alentar a la camarilla promotora del nuevo sindicato, a la que pretende instalar como única interlocutora de los autoconvocados – una camarilla que, por otra parte, ya demostró que carece de escrúpulos para actuar sin consultar a las bases, como ocurrió con la firma del acta-acuerdo de noviembre del año pasado, y para atacar a los delegados de los hospitales y centros de salud más combativos.

Simultáneamente, evitan cualquier debate de conjunto con las bases trabajadoras. Hablan de un nuevo modelo sindical, pero están superpreocupados por adecuar los estatutos a la Ley de Asociaciones Profesionales, que consagra y perpetúa el viejo modelo burocrático en los sindicatos. En el borrador de estatuto, los conciliadores formulan todo tipo de instancias orgánicas, pero han omitido la asamblea general y transforman los actuales plenarios interhospitalarios, que en este momento se realizan una vez por semana, en un congreso anual.

Mantienen el sistema de voto calificado y no dan representación a las minorías. Hablan de reconocer la revocación de mandato, pero han concentrado sus ataques burocráticos contra los trabajadores de la maternidad, que en asamblea revocaron a un delegado de la camarilla conciliadora. El “nuevo” sindicato pretende imponer desde afuera el reconocimiento del ex delegado.

El bloque de delegados combativos –con la presencia de una gran cantidad de trabajadores y de delegados de la Maternidad, del hospital del Carmen, del Obarrio y de varios CAPS– realizó una conferencia de prensa en la que anunció la autoconvocatoria a una asamblea general para el jueves 10 de junio. Es necesario defender el movimiento, lo que significa defender la unidad en la lucha para arrancar el aumento salarial y las paritarias al gobierno. La cuestión de la sindicalización tiene que quedar subordinada a este proceso y, naturalmente, son las bases las que tienen que decidir y no una capilla de carreristas sindicales conciliadores y burocráticos de derecha y de izquierda.