Un grupo de militares y policías retirados presentó este miércoles la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, bajo el propósito declarado de “amalgamar a la familia de uniformados” y afines. También se autorreconoce como Mesa de Enlace, denominación que recuerda a la alianza de entidades ruralistas.

De acuerdo al documento público que han presentado y a las declaraciones en los medios, el espacio apunta a eliminar las fronteras entre la seguridad interior y exterior, incrementando las potestades de las Fuerzas Armadas en la represión interna, y a apadrinar reclamos corporativos.

“Somos uno de los pocos países que, por ejemplo, diferenciamos entre Defensa y Seguridad (…) nosotros hablamos de la Seguridad Integral. Es la defensa nacional y la seguridad pública, todo”, declaró a Clarín el militar retirado Ernesto Bossi, quien lidera el flamante conglomerado. Y añadió entre su área de intereses todos aquellos temas “que interesan y preocupan a militares, policías y fuerzas de seguridad en todo el país: haberes, vivienda, protección legal para actuar, obras sociales” (12/11). Tras el motín de la Bonaerense, ante el que el gobierno de Kicillof cedió en toda la línea, los uniformados van por más. La “protección legal para actuar” recuerda a los reclamos de impunidad del aparato represivo para el gatillo fácil.

El espacio adopta entre sus divisas la promoción de “el bien común, el bienestar y la concordia social”. La concordia ha sido el pretexto empleado mil veces para promover la “reconciliación” (impunidad) con los genocidas. Y también incorpora el “respeto de la propiedad privada”, lo que debe leerse como un pronunciamiento contra la oleada de tomas de tierras que recorren el país en defensa del derecho a la tierra y la vivienda.

Entre las figuras del agrupamiento están el exjefe de la Bonaerense durante la administración de María Eugenia Vidal, Pablo Bressi (quien salió del cargo en medio de denuncias por corrupción); Claudio Pasqualini (exjefe del Ejército durante los últimos años del macrismo); Daniel Raimundes (militar retirado que fue procesado por pinchaduras de mails a políticos y periodistas durante el kirchnerismo); y Ricardo Cundom (sucesor de César Milani en el Ejército tras la caída de este en 2015). Bossi, el jefe del espacio, fue secretario general del Ejército en tiempos de Martín Balza (allá por los ’90) y funcionario de la Side (servicios de inteligencia) en épocas de la Alianza. El kirchnerismo lo acusa de organizar una reunión conspirativa en 2004 entre militares retirados, empresarios y políticos, tras la salida del jefe del Ejército Ricardo Brinzoni.

Cebar a la bestia

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a criticar duramente al nuevo reagrupamiento como un nido de conspiración que apunta a paralelizar y desgastar a los jefes oficiales de las fuerzas y al gobierno. El presidente Alberto Fernández retuiteó algunos de esos mensajes.

Pero es importante tener presente que estos militares retirados se envalentonan aprovechando el lugar que les deja el gobierno. Después del motín de la Bonaerense, a la que Kicillof premió con el aumento del 40% que le niega al resto de los estatales, el gobierno nacional blanqueó todas las sumas no remunerativas del personal castrense, mientras esa clase de cifras siguen siendo habituales en el resto de la administración pública.

Por otra parte, el gobierno se deshace en elogios hacia las fuerzas armadas, siguiendo una línea de todas las últimas administraciones políticas tendiente a restaurar la imagen y la autoridad de una institución desprestigiada tras la dictadura y la guerra de Malvinas.

Este año, a pocas semanas del aniversario del golpe genocida, Fernández se congratuló de que “hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia”, como si eso fuera una garantía de algo. Finalmente, los desaparecidos en democracia se cuentan por decenas y las represiones y casos de gatillo fácil por miles. En esa misma ocasión, llamó a “dar vuelta la página”, en la misma línea de los defensores de la “reconciliación” y la impunidad de los genocidas. Cuando debió retractarse, ante la furia de las organizaciones de derechos humanos, habló de “inconductas de muchos oficiales” durante la dictadura, como si se hubiese tratado de “excesos” individuales y no de un plan sistemático. El gobierno también contribuye a restaurar la imagen de los militares con su elogio reiterado al trabajo de las fuerzas armadas en el marco de la pandemia.

Finalmente, está la cuestión del fortalecimiento del aparato policial, que el gobierno promueve para enfrentarse a los reclamos populares. Esto se vio en el desalojo violento de la toma de Guernica por parte de 4000 efectivos de la Bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza, no muchas semanas después del motín y el aumentazo de Kicillof.

El envalentonamiento del aparato represivo tiene en el gobierno a su mayor responsable.